El anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Castilla y León iniciará su tramitación administrativa en enero

El anteproyecto de Ley de Cambio Climático de Castilla y León iniciará su tramitación administrativa en enero de 2024 tras el proceso interno de consultas entre consejerías, que se desarrollará en este último trimestre del año, un paso necesario para este borrador por “afectar a todos los sectores productivos y a numerosas leyes sectoriales”, en lo que se ha definido como un “texto especialmente complejo y que se espera completar en un plazo breve”.

Así lo transmitieron fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que ensalzaron que esta norma permitirá contribuir a los objetivos nacionales y europeos y “aprovechar las oportunidades que este cambio de modelo supone para la economía, el empleo y la calidad de vida”.

La aprobación de una Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Castilla y León es uno de los objetivos marcados por el departamento para esta legislatura, si bien ya fue anunciado en el mandato anterior. Este texto incluirá acciones tendentes a la “necesaria adaptación” del modelo energético, “orientando la transición hacia la mejora de la competitividad y a la creación de un empleo de calidad, implicando a los ciudadanos en el proceso y estableciendo mecanismos de compensación de emisiones”, según explicaron las mismas fuentes y constató el consejero del ramo, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su comparecencia del programa de actuaciones a desarrollar por la Consejería en esta legislatura, celebrada en las Cortes el 17 de mayo del pasado año.

A pesar de conocerse ahora los tiempos que maneja la Consejería para dar luz verde a esta esperada norma en la Comunidad, recientemente recibió un llamamiento del Consejo de Cuentas, que recomendó a la Administración concluir cuanto antes la tramitación del anteproyecto, como paso previo con carácter previo a la elaboración de las nuevas estrategias, tal y como ya han hecho tanto el Estado como otras comunidades.

La institución propio lo trasladó así en el informe Fiscalización de la Estrategia para el Cambio Climático 2009-2020, Comunidad Autónoma de Castilla y León, entregado en las Cortes en diciembre de 2022 y que en principio iba a presentar el pasado lunes en las Cortes el presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, pero que se vio torpedeado por “causas ajenas a su voluntad”, como reconoció él mismo, con lo que los grupos acordaron posponer para una próxima sesión el debate de este informe, que Vox había cuestionado por señalar al campo y la automoción como los causantes de la “supuesta” emergencia climática.

Falta coordinación

En todo caso, este informe del Consejo de Cuentas afirma que en la implementación de la estrategia “faltó coordinación, seguimiento y estimación presupuestaria”, así como que su sistema de indicadores no permite conocer el grado de cumplimiento de los planes y la consecución de los objetivos y, por lo tanto, su eficacia. Lo estima así tras fiscalizar una muestra de 64 actuaciones y medidas consideradas especialmente relevantes, de las que fueron ejecutadas total o parcialmente un 42 por ciento.

En Castilla y León las emisiones de gases de efecto invernadero totales de 2020 descendieron un 27,6 por ciento en el horizonte temporal de la estrategia y un 36,1 por ciento respecto al año base 1990, colocando a Castilla y León como la tercera Comunidad que más redujo sus emisiones entre 1990 y 2020.

Por otro lado, refleja que la producción de electricidad se mantiene prácticamente constante, pese a los cierres de plantas porque se sustituye por fuentes renovables. Así lo reseña en relación a los cierres de la central nuclear de Garoña y de las centrales térmicas de carbón, sustituido por “el auge de las fuentes renovables”.

En tal sentido, explica el Informe que en 2020 las renovables representan ya el 87 por ciento del total, el porcentaje más alto de las comunidades autónomas. El consumo de energía final en el periodo 2009-2019, precisa, desciende un 10 por ciento, frente a un incremento del PIB regional del nueve por ciento, evolución que mejora la ratio de eficiencia energética, cumpliéndose así otro de los objetivos específicos del Plan de Mitigación del sector energético.

En sus siete recomendaciones a la Junta, además de la ley y de la oficina, plantea elaborar una nueva estrategia integrada de energía y clima para el horizonte 2030, así como iniciar los trabajos necesarios para elaborar una estrategia de adaptación al cambio climático, siguiendo los pasos del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático y la Estrategia de la Comisión de Adaptación al Cambio Climático.

Por otra parte, aconseja para implementar las nuevas estrategias, en coordinación con la Consejería de Economía y Hacienda, crear dentro de la estructura funcional de los presupuestos autonómicos un programa específico, destinado a la ejecución de las medidas y actuaciones previstas en las mismas, lo que posibilitaría identificar los recursos presupuestarios aplicados y analizar su economía y la eficiencia.

Finalmente, considera que debería desarrollar dos inventarios propios al margen del Inventario Nacional de Emisiones de gases de efecto invernadero, uno sobre emisiones de gases de efecto invernadero y otro sobre sumideros de carbono.