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Ical El comisario Manuel Javier Peña Echeverría asumió el pasado 25 de marzo la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Castilla y León, Comunidad que conoce perfectamente dado que además de ser zamorano de nacimiento (1960), Peña Echeverría estuvo al cargo de las comisarías provinciales de Palencia y Burgos, y también tuvo responsabilidades en la de Salamanca. Diplomado en Criminología por la Universidad de Salamanca y graduado por la Universidad Rey Juan Carlos, Peña Echeverría cuenta con una experiencia profesional de más de 30 años. Durante su carrera ha estado destinado también en la Jefatura Superior de Policía de Valladolid, en donde trabajó dentro de los Servicios Operativos de Investigación. Posteriormente, se trasladó a Barcelona, lugar en el que desarrolló tareas de investigación dentro del Grupo de Delincuencia Internacional y de Robos, y en 1992 fue destinado como profesor al Centro de Formación de Ávila, donde impartió clases de técnicas de investigación a los alumnos de la escala ejecutiva y básica y ejerció la Jefatura del Área de Formación Complementaria. Su último destino antes de regresar a Castilla y León fue la Jefatura Superior de Policía de Cantabria. En la actualidad también es presidente de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses.
Los índices de criminalidad de Castilla y León vienen registrando en los últimos años un descenso progresivo y son los de los más bajos del país. ¿Qué razones hay detrás de esta positiva evolución?
No podemos hablar de un único motivo. Primero hay que destacar la labor de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, la efectividad de las medidas judiciales que impiden que delincuentes habituales sigan delinquiendo y, por supuesto, la sociedad en la que desarrollamos nuestro trabajo. La sociedad de Castilla y León es muy poco criminógena y buena parte de la delincuencia que nos afecta no es generada en la Comunidad y está provocada por grupos itinerantes que, por lo general, son los que cometen los delitos más impactantes. Este conjunto de factores es lo que provoca que la tasa de criminalidad mantenga en los últimos años una ligera tendencia a la baja.
¿Ha tenido la crisis algún reflejo en las tasas de delincuencia?
De manera directa, la crisis no ha tenido ningún efecto en la tasa de criminalidad. De manera puntual, en algunas zonas, se puede haber generado un incremento mínimo de algunos delitos propios de la falta de recursos económicos como puede ser el hurto famélico, los impagados, las pequeñas estafas o la ocupación de inmuebles. De todas formas, la tasa global de criminalidad ha descendido en estos años de recesión.
La ‘Banda del minuto’ fue una de sus primeros problemas cuando aterrizó en Castilla y León. ¿Cuál es el problema de seguridad que más preocupa hoy al jefe superior?
Hoy nos preocupa de forma especial los robos en el interior de viviendas, delitos que afectan al área más íntima de la persona y que en los últimos años se mantienen en número con una ligera tendencia al alza. Buena parte de estos robos son cometidos por grupos itinerantes, muy organizados y que nos obligan a una lucha a nivel general de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del país. Esta fue la principal razón por la que se puso en marcha un plan nacional para combatir a la delincuencia itinerante, dispositivo que en los próximos meses será reformado para mejorar algunos aspectos.
¿No hay bandas autóctonas de delincuencia en la Comunidad?
Nosotros distinguimos la delincuencia autóctona de la que generan los grupos itinerantes, en muchos casos formados por personas extranjeras, que radican en otras zonas de España y vienen a Castilla y León para cometer sus fechorías. La ‘Banda del minuto’, que al final fue detenida en Burgos, estaba robando en Valladolid, en Cantabria y en el País Vasco, hasta que decidió asentarse un temporada en la capital burgalesa. La delincuencia autóctona que roba en pisos no tiene el nivel de saturación ni realiza las razias de estas bandas organizadas foráneas, que un día pueden cometer hasta seis o siete robos. La delincuencia autóctona, también organizada en grupos, roba mucho menos en cantidad y utilizan un sólo modus para acceder al interior de los domicilios, al contrario que los bandas foráneas que emplean diversas técnicas y contra las que nos resulta mucho más difícil luchar.
El índice de resolución de los homicidios en Castilla y León se sitúa por encima del 90 por ciento. Así, en el caso de Valladolid el único caso no resuelto en los últimos años ha sido el crimen del bar ‘Inicial’. ¿Hay algún caso de los no resueltos que le preocupe de forma especial?
Siempre hay algún crimen en periodo de investigación, como el triple crimen de Burgos, pero la inmensa mayoría de los homicidios se acaban resolviendo.
¿El doble asesinato del club de Medina del Campo (Valladolid) ya está resuelto para la Policía?
Los culpables ya están presos y ahora se están cerrando los últimos flecos de la investigación. Hasta que no se llega al juicio oral no podemos hablar de un caso cerrado. Hasta entonces se siguen realizando aportaciones necesarias para mejorar los elementos de prueba.
En una de sus primeras intervenciones tras llegar a la Jefatura Superior de Castilla y León aseguró que uno de sus principales objetivos era la lucha contra la violencia machista y anunció que todas las comisarías contarían con especialistas en violencia de género. ¿Son una realidad ya estos especialistas? ¿Desde la Policía se han tomado otras medidas para luchar contra esta lacra?
Sí, este servicio, establecido por una disposición de ámbito nacional, ya está funcionado en todas las comisarias de la Comunidad. Estos equipos dan una atención especializada a la víctima en el momento de presentar la denuncia, además de informarla sobre los distintos recursos sociales a los que se la puede derivar. Al mismo tiempo, y en función del nivel de riesgo, también se la facilita protección. Además, junto a estos especialistas, hace unos días se puso en marcha dentro de la Policía Judicial la Unidad de Familia y Mujer, un grupo especializado que da una respuesta integral y que agrupa las competencias que ahora tenían los Servicios de Atención a la Familia (SAF), en el ámbito de la Policía Judicial, y las Unidades de Prevención y Asistencia y Protección (UPAP), dentro de Seguridad Ciudadana. Además de incrementarse los recursos, de esta forma se busca un trabajo integral. Es una vuelta de tuerca más en aras a combatir esta lacra.
¿Se está avanzando en la lucha contra esta lacra?
En los últimos años se viene sosteniendo un pequeño repunte en el número de denuncias. En un delito con tanta carga social es fundamental la educación y la concienciación para que toda la sociedad asuma que tiene una parte de la solución. Aquí no se deben utilizar las estadísticas, y menos cuando sólo tenemos datos recientes, aunque si sólo nos detenemos en el caso de las víctimas mortales vemos un importante descenso.
En 2013 Castilla y León fue la tercera comunidad en la que más heroína se decomisó Al margen del laboratorio desmantelado en Fuensaldaña (Valladolid), donde se incautaron 20 kilos de esta droga y se detuvo a nueve personas, alguna vinculada con el clan de los ‘Charlines’, en 2013 se intervino en la Comunidad nueve kilos más. ¿La crisis está provocando un repunte del tráfico y del consumo de heroína?
-No. Lo que ocurre es que a veces las bases operativas del tráfico de drogas se desplazan de los grandes centros como pueden ser Madrid o Valencia al interior. Al final, estamos hablando que un único decomiso puede hacer incrementar la estadística de forma exponencial, como ocurrió el pasado año en Burgos cuando fueron incautados 80 kilos de speed. La subida o bajada de alijos no afecta tanto al consumo.
Su antecesor en el cargo se tuvo que enfrentar a los Monchines y dar una respuesta a un barrio que se manifestaba contra los narcotraficantes y reclamaba seguridad. ¿Hay ahora en alguna ciudad de Castilla y León una situación a la de hace años en Pajarillos?
Aunque existen otros barrios, como pueden ser el de Buenos Aires, en Salamanca, o Las Llamas, en Zamora, donde también detectamos zonas de tráfico de drogas, no hay nada parecido. Y en estos dos casos estamos en zonas aisladas dentro de ciudades.
Hace unos días murió en Madrid un ultra del Deportivo; recientemente se conoció la sentencia por la que un miembro de los Ultra Violetas del Valladolid fue condenado a nueve años por un intento de asesinato. ¿La violencia que rodea al fútbol asociada a grupos ultras es un fenómeno que le preocupa?
El riesgo de las acciones violentas existe siempre, aunque en Castilla y León estamos lo bastante concienciados y preparados para que este tipo de acciones violentas no suceda. Desde la entrada en vigor de la Ley del Deporte, llevamos una serie de años con un control bastante aceptable de las aficiones, aunque el problema de los grupos radicales no sólo es una competencia policial, que lo es. La Policía nunca va de dejar al margen nuestra responsabilidad de garantizar la seguridad pública, que es algo en lo que creemos y que nos exige la Constitución, pero hay que exigir a los responsables de las entidades deportivas que estos gérmenes de violencia no sean aceptados con una sonrisa. La Policía siempre estará, pero necesitamos que no haya ningún lugar de aliento y ninguna mesa donde se les invite a sentarse mientras no abandonen toda forma de violencia.
En el caso de Valladolid hay dos grupos enfrentados, los Ultra Violetas, de extrema derecha, y los Garrafoni, de extrema izquierda. ¿Hasta dónde llega el control de las brigadas de información sobre estos grupos? ¿Se tiene perfectamente identificados a los cabecillas?
Sí, aquí, como en todos los lados, estas personas están perfectamente identificadas. En todos los equipos de Primera y Segunda división, según se estable en la Ley de Deporte, es obligatoria la figura de un coordinador de deportes que pertenece a las Fuerzas de Seguridad. Esta persona mantiene un contacto permanente con las directivas de los equipos, también con la del equipo visitante, para conocer el número de aficionados que se desplaza y para saber si entre ellos existen violentos. De esta forma, si es necesario, se ponen en marcha ciertas medidas preventivas como aislamiento en el campo o acompañamiento. De todas formas, aquí no caben dudas. Estamos ante un problema en el que los únicos culpables son los violentos.
¿Han aumentado los delitos cibernéticos en los últimos años? ¿Cómo afronta el CNP la lucha contra este nuevo tipo de delincuencias?
En general, los delitos no han variado, pues las injurias, estafas, coacciones, y otros delitos contra las personas o el patrimonio existen desde hace mucho tiempo. Lo que es cierto es que la utilización de las nuevas tecnologías para su comisión ha hecho que algunos aumenten y otros fundamentalmente sean cometidos por personas que, sin estos medios, posiblemente nunca hubieran llegado a la delincuencia. En cualquier caso también con el aprovechamiento de estos recursos delitos minoritarios hace no muchos años como la pornografía infantil eran prácticamente inexistentes. Lógicamente, la respuesta policial a estas nuevas formas de criminalidad han tenido su reflejo en la organización de la investigación policial a través de la creación de la Brigadas de Investigación Tecnología, de manera específica, y en la formación en esta áreas de la mayoría de los investigadores policiales tanto del ámbito de la Policía Judicial, como del terrorismo o incluso la extranjería.
Hace unos días fallecía en Vigo una agente a manos de un atracador e inmediatamente después se desató el debate sobre las medidas de seguridad de los policías y la falta de chalecos específicos. ¿Los policías de Castilla y León cuentan con los medios de seguridad necesarios?
En prácticamente la totalidad de coches patrullas que están en las calles de la Comunidad hay dos chalecos antibalas para los agentes y todas las motos también cuentan con ellos. Desde hace tres años, la Dirección General decidió dotar a los agentes de chalecos antibalas y chalecos antitrauma. Lógicamente esta dotación ha sido en cascada y más en una situación económica que no favorece la compra masiva de materiales que se cifran en millones de euros.
¿Es cierto que algunos agentes se pagan con dinero de su bolsillo prendas más cómodas para trabajar como es el caso de los chalecos antibalas que utilizan muchos agentes que patrullan en moto?
No puedes prohibir a la gente que se compre lo que quiera y es verdad que hay agentes que se dotan de ciertos materiales de manera particular. Lo importante es que la Dirección General dote a todos los policías de los medios de seguridad necesarios y eso es lo que se está haciendo.
Recientemente, los sindicatos policiales advertían de que de mantenerse las últimas ofertas de empleo de la Escala Básica, que han rondado las 150 plazas, en los próximos tres años la plantilla de policías nacionales de Castilla y León se reduciría un 17 por ciento, hasta los 2.500 efectivos. ¿Comparte esta previsión?
Yo no lo tengo tan claro. La crisis ha afectado a toda la nación y, como no podía ser de otra forma, a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Hemos perdido algún efectivo en comparación con el año 2011, pero no hay que perder de vista que en Castilla y León hay hoy más agentes en las comisarias que a principios de la crisis. Yo desconozco cuánto durará la crisis, pero ya sé que el próximo año, según se recoge en los presupuestos, la tasa de reposición pasará del 10 por ciento al 50. Las promociones de 5.000 agentes anuales en la Escala Básica no se van a recuperar, pero yo tengo claro que nunca vamos a llegar a los tremendos problemas de personal que padecimos a principios de siglo. No hay que olvidar que en no muchos años España ha pasado de tener 47.000 agentes a más de 79.000. En Castilla y León no está cubierto todo el catálogo de puestos, pero nos encontramos con un porcentaje que ronda el 91 por ciento, lo que significativa que estamos en una situación de normalidad. Perderemos algunos agentes más antes de la recuperación, pero yo creo que se podrá aguantar bien. Hay veces que puedes protestar cuando el reparto es desequilibrado, pero el Estado no se está portando mal con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, dado que la seguridad ciudadana merece el esfuerzo que se está haciendo.
Hace unos días Ignacio Cosidó anunció en Soria que la nueva comisaría de esta ciudad es una de las prioridades para el Ministerio del Interior. ¿En el resto de ciudades de la Comunidad se contempla algún tipo de inversión para modernizar las dependencias policiales o para agruparlas, como reclaman los sindicatos?
La comisaría de Soria la marcó el director como objetivo, pero actualmente sólo está prevista una pequeña reforma en la comisaria de Delicias en Valladolid, pero en el resto de la Comunidad no hay prevista ninguna inversión importante.