El pleno del Ayuntamiento de Ponferrada celebrado este viernes aprobó con el voto favorable de todos los grupos (la concejala Teresa Magaz no participó por motivos de incompatibilidad) y la abstención del concejal no adscrito, Manuel De la Fuente, el convenio de cesión de uso privativo del estadio de El Toralín a la Sociedad Deportiva Ponferradina, que asumirá el pago de un canon de 43.756 euros anuales por la utilización de esta instalación durante los próximos seis años, prorrogables a diez. Los grupos del equipo de Gobierno manifestaron que este convenio “da seguridad legal tanto al club como al Consistorio”, regularizando una situación que se remontaba a 2008, cuando la Ponferradina se transformó en Sociedad Anónima Deportiva.
El único voto no favorable en este punto fue el del concejal no adscrito, que alegó “lagunas en la redacción” del convenio para no apoyarlo, señalando puntos como la “redacción ambigua de los pagos” y la necesidad de instalar contadores individuales para que el Ayuntamiento no asuma pagos que no le corresponden. Del mismo modo, incidió en la necesidad de regular la publicidad exterior del estadio de modo que revierta en un 75% para el Consistorio y un 25% para la Deportiva, así como de redactar un protocolo frente a las violencias machistas. Por todo ello, propuso dejar el punto sobre la mesa y redactar de nuevo el convenio, algo que fue desestimado por el pleno.
Por su parte, la portavoz de Podemos, Lorena González, aprovechó su intervención para “condenar enérgicamente la controvertida decisión del club de fichar a Sergi Enrich, un tipo condenado por grabar a una mujer manteniendo relaciones sexuales sin su consentimiento y después difundir dicha grabación. No nos enorgullece el fichaje de eun jugador condenado por agredir a una mujer, por mucho que su situación económica le permitiera comprar un atenuante para compensar a la víctima”. Además, tachó de “intolerable que se nos diga que no nos podemos meter en el fútbol y se forme una corriente de apoyo al condenado”.
En este sentido, la portavoz del PSOE, Carmen Doel, aseguró que el pliego del convenio “incluye el cumplimiento de la normativa en vigor sobre violencia de género y el club también tiene un protocolo al respecto”, recordando que “el Ayuntamiento no tiene competencias para decirle a la Ponferradina a quién puede contratar”.
Por otro lado, los portavoces de USE Bierzo y Ciudadanos, Samuel Folgueral y Ruth Morales, manifestaron que este convenio debería haber llegado al mismo tiempo que el convenio de patrocinio que está pendiente de redactar entre el Ayuntamiento y la Ponferradina.
Dedicación parcial para Iván Castrillo
El pleno también debatió la dedicación parcial del 60% que recibirá el concejal de Deportes, Iván Castrillo, que a partir de ahora también asumirá las tareas relacionadas con la Escuela Taller y que recibirá 26.315 euros anuales por esta dedicación. La decisión fue aprobada con 12 votos a favor de PSOE, Podemos y Coalición por el Bierzo y la abstención del resto de grupos.
En el debate surgió la sugerencia, por parte de Samuel Folgueral y apoyada por grupos como el PP y Coalición por el Bierzo, de redactar un reglamento de organización interna que ponga fin de una vez por todas a las continuas discusiones sobre las dedicaciones de los concejales. Además, Ruth Morales acusó al equipo de Gobierno de “mentir, ya que anunciaron a bombo y platillo el ahorro que suponía la renuncia de Pedro Fernández a su dedicación tras su jubilación”, declaraciones que la portavoz del PSOE, Carmen Doel, tachó de “demagógicas”.
El debate se encendió por momentos y el portavoz de CB, Iván Alonso, llegó a decir que “siento vergüenza a veces de pertenecer a esta clase política, nos ganamos a pulso la mala imagen que tenemos”, en referencia a las continuas discusiones que se producen en torno a las dedicaciones de las concejalías.
Vuelta a la normalidad
El pleno de este mes de octubre fue el primero desde el inicio de la pandemia en el que los 25 concejales volvieron a ocupar sus escaños, después de más de un año de plenos telemáticos y otros en los que únicamente los portavoces ocupaban sus lugares habituales, repartiéndose el resto por las butacas destinadas al público -que también volvió a tener acceso presencial- para mantener la distancia de seguridad.
