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En total 468.941 personas personas se encontraban en riesgo de sufrir pobreza o la exclusión social en Castilla y León en el año 2018, lo que supone el 19,5 por ciento de la población de la Comunidad (28.000 personas más que un año antes), según se desprende del informe ‘El Estado de la Pobreza. España 2018 VIII Informe anual sobre el riesgo de pobreza y exclusión’, elaborado por la European Anti Poverty Network (Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social) EAPN España, con motivo de la celebración, mañana jueves, del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza.
La cifra de Castilla y León es inferior a la media registrada en el conjunto del país, que asciende al 26,1 por ciento, afectando a un total de 12.188.288 personas. Según reflejan desde EAPN Castilla y León a nivel nacional se mantiene la tendencia descendente por cuarto año consecutivo, pero se rebaja mucho la intensidad de la reducción. Con respecto al año pasado, el indicador bajó medio punto porcentual, lo cual, combinado con el leve aumento de la población, implica que unas 190.000 personas dejaron de estar en riesgo de pobreza o exclusión social.
Con este resultado, Castilla y León rompe su proceso de reducción de la tasa de pobreza, que se mantuvo por espacio de tres años y que sitúa actualmente la tasa en el 16,1 por ciento. Además, es una de las seis regiones que ha conseguido reducir su pobreza por debajo de la registrada en el último año anterior a la crisis, que era del 17,5 por ciento en el año 2008.
Analizando los subindicadores del indicador Arope (estandarizado a nivel europeo para medir en términos reales la evolución de la pobreza en los estados miembros), de los 2,4 millones de habitantes de Castilla y León, 388.311 personas viven en situación de pobreza, con ingresos por unidad de consumo inferiores al 60 por ciento de la media. Ese dato supone 10.000 personas más que el año precedente, y 60.000 menos que en el año 2008, cuando la crisis tocaba techo y comenzaron a realizarse las mediciones.
En cuanto a la tasa de pobreza severa (con ingresos por unidad de consumo inferiores al 30 por ciento de la media), en la autonomía se sitúa en el 2,6 por ciento, lo cual supuso una reducción de 1,4 puntos porcentuales y sitúa esa tasa en menos de la mitad de la media nacional. Pese a ello, todavía viven en Castilla y León 62.000 personas en situación de pobreza severa, 30.000 menos que el año precedente, que ingresan menos de 370 euros mensuales por unidad de consumo.
En otro de los subindicadores, el de privación material severa, el 1,9 por ciento de la población de Castilla y León (46.218 personas) no puede hacer frente al menos a cuatro de nueve conceptos o ítems de consumo básico (como irse de vacaciones al menos una semana al año, tener una comida de carne o pescado cada dos días o mantener su vivienda a una temperatura adecuada). Se trata de un indicador que ha aumentado casi un punto porcentual en los últimos doce meses.
Mientras que el tercer y último subindicador, que determina la baja intensidad de trabajo en el hogar, afecta en la Comunidad a 144.186 personas, un 8,8 por ciento del total, con un retroceso leve de 0,4 puntos porcentuales respecto al ejercicio precedente.
Reformas estructurales
Según explicó la vicepresidenta de EAPN Castilla y León, Mar Fresno, es preciso “poner en marcha reformas estructurales que corrijan la asimetría del mercado, en función de la situación macroeconómica, ya que las mejoras de la situación no repercuten en la mejora de las condiciones de las personas afectadas por las diferentes capas de pobreza en Castilla y León”.
A su juicio, esa reforma debe ser “intensa, transversal e integral”, además de englobar los derechos fundamentales de las personas, como la educación, la salud, la vivienda y las rentas mínimas”. Para lograr llevarla a cabo, la “mejor herramienta” sería la implementación de la Estrategia Nacional de Prevención y Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 22 de marzo pero aún pendiente de su ejecución, a falta de recursos.
“El perfil de la pobreza en Castilla y León es amplio y variado, y ha cambiado. La mejora de los datos del PIB y del empleo no sirven para mejorar la situación de pobreza en Castilla y León, por la tipología de empleos que se crean, que en muchas ocasiones no permiten a las personas mejorar su situación”, explicó Fresno.
Además, apuntó que a las entidades que como las 21 instituciones que conforman EAPN en Castilla y León trabajan en el tercer sector, la inestabilidad en el Gobierno les afecta directamente, y que situaciones como el Brexit o la política arancelaria de Estados Unidos podrían afectar a las capas más pobres de la sociedad. “Nuestra Comunidad ha perdido 150.000 habitantes en diez años, y necesitamos políticas de salud muy fuertes, así como respuestas políticas a la ruralidad y a la despoblación”.
En la presentación del informe también intervino el presidente de EAPN Castilla y León, Óscar Castro, que recordó que tras la frialdad de los números “hay personas con nombre, apellidos, rostros y dignidad”, y la representante de la oficina técnica Noelia Martínez, que fue la encargada de desglosar los datos.
Para el año 2018, el umbral de pobreza en Castilla y León es de 9.170 euros, cantidad que es 299 euros superior al umbral oficial. La utilización de un umbral regional para calcular la tasa de pobreza implica que todas las personas residentes en Castilla y León cuyos ingresos por unidad de consumo están entre 8.871 y 9.170 euros, pasan a ser considerados pobres sin modificación alguna en sus condiciones de vida y solo por efecto del cambio metodológico. Así, las tasas de pobreza de la región, que normalmente son muy bajas, pasan a elevarse mucho, en algunos años casi al mismo nivel de la media nacional. Para el año 2018, la Tasa de Riesgo de Pobreza calculada con su umbral regional se redujo hasta el 18,4 por ciento, unos 2,3 puntos más alta que la registrada con umbral nacional.