Num: 6926 | Domingo 24 de octubre de 2021
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Opinión


Cuenta Plutarco, historiador y filósofo griego, que, cuando un mensajero llegó con la noticia de que se acercaba Lúculo, al frente de un poderoso ejército, causó tanto disgusto a Tigranes, emperador armenio, que ordenó que le cortaran la cabeza.

Nadie más se atrevió a decirle que la guerra se iba perdiendo por temor a correr la misma suerte.

Cuando aún no nos habíamos recuperado del escándalo protagonizado por Rodrigo Rato, otrora estrella rutilante del PP y del gobierno de Aznar, director gerente del Fondo Monetario Internacional, y consejero de tropecientas empresas, nos topamos con la noticia, naturalmente filtrada por sus allegados políticos, de que Federico Trillo, actualmente embajador de España en el Reino Unido y  ex-casi-todo,  y Vicente Martínez Pujalte, entonces portavoz adjunto del  PP en el Congreso de los Diputados, recibieron, a la vez que un importante sueldo –de diputados–, pagado por todos los españoles, suculentos honorarios por parte de una empresa constructora, para pagar sus labores de asesoramiento, de las que, por cierto, no hay soporte escrito. Se trataba, en todos los casos, de asesoramiento puramente verbal.

A no ser que se sea extraordinariamente ingenuo, o rematadamente gilipollas, la primera pregunta que alguien puede hacerse es: ¿Cuál es la cualificación profesional de estos dos fenómenos para cobrar tanto dinero por unas charletas, mientras tomaban un café?

Trillo es jurista. Pujalte, economista. Ambos, con dedicación a la política desde hace más de veinte años.

¿Son tan buenos que les pagan 9.000 y 5.000 euros al mes, respectivamente, por una reunión cada quince días con café y galletitas?

Probablemente, sí. Yo estoy seguro de que no. Pero, en cualquier caso, con la que está cayendo, ¿es ético  cobrar 65.000 euros como diputado, y otro tanto –o más– por otro lado?

Pujalte reconoció que no, que no es ético. Trillo dio la callada por respuesta y, con ese aire fanfarrón que lo ha caracterizado siempre, ha amenazado con los tribunales a quien mancille su honor impoluto. ¡Ay, Yakolev!

¿No es una sinvergonzonería que dos padres de la Patria redondeen su sueldo asesorando a una empresa constructora que, por cierto, fue beneficiada en Castilla y León en la adjudicación de parques eólicos?

¿A qué extremo hemos llegado  que no ha sido fulminado un diputado que asume que lo que ha hecho no es ético, pero que es legal?

Con  ser grave el asunto, no le llega a la suela de los zapato a la respuesta del ministro de Justicia: “Hay que abrir el debate sobre si es necesario sancionar a los medios de comunicación que publique informaciones sobre investigaciones judiciales”.

Esto me recuerda a aquella mujer, que, en un  descanso de la película de la tele le dice al marido:

–Pepe, mañana voy a matar un pollo, que  es nuestro aniversario de boda.

–¿y qué culpa tiene el pollo? –Contestó el marido.  Mata a  tu primo, que fue el que nos presentó.

Pues eso.

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