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Montoro anuncia que las autonomías deberán aportar el recorte adicional de 2.000 millones para cumplir el déficit de 2016

El ministro en funciones anuncia la creación de una comisión de expertos para abordar la financiación local Compartir

La Consejera de Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, saludando a Cristobal Montoro, en una foto de archivo. (J.L/Ical)

El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas en funciones, Cristóbal Montoro, explicó este martes que los restantes 2.000 millones de euros que debe recortar España para cumplir con el déficit del 3,6 por ciento en 2016 los deberán asumir las comunidades autónomas.

Así se expresó Montoro al término de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL), en una rueda de prensa en la que fue preguntado por la necesidad de 4.000 millones de euros de reducción del déficit advertida por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para cumplir con el nuevo objetivo de 2016. Al respecto, recordó que el Gobierno central asumirá 2.000 millones de euros mediante el acuerdo de no disponibilidad que fue ya anunciado a los que se sumarán otros 2.000 millones de las autonomías.

El ministro reiteró la necesidad de que todos muestren su compromiso inequívoco con la reducción del déficit, al tiempo que aseguró que dichas medidas no supondrán recortes, ya que se tratará de actuaciones dirigidas a no incrementar el gasto.

Por otro lado, en cuanto a la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local, Montoro destacó que “hemos conseguido el saneamiento” de la administración local durante la legislatura sin cerrar ninguno de los 8.125 ayuntamientos existentes en España y valoró que el saneamiento de los ayuntamientos es “muy positivo porque está ayudando a la recuperación económica”.

El ministro entregó a los asistentes a la reunión la propuesta de objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las entidades locales y que establece un objetivo de déficit del cero por ceinto del PIB para este año 2016 y para los tres ejercicios siguientes.

De la misma manera, ha presentado el objetivo de deuda pública del conjunto de las entidades locales, que es del 3,1 por ciento del PIB para 2016; del tres por ciento para 2017, del 2,9 por ciento para 2018 y del 2,8 por ciento para 2019.

Durante la reunión también se ha puesto encima de la mesa un informe sobre la deuda viva a 31 de diciembre de 2015 del conjunto de entidades locales, que se elevó a 35.147 millones de euros, de los que 29.024 corresponden a los ayuntamientos, 5.822 millones a las entidades provinciales e insulares y 301 millones al resto de entidades, como mancomunidades o entidades locales de ámbito inferior al municipio.

Si se excluyese la deuda con el Fondo de Financiación a Entidades Locales, la deuda viva se situaría en 28.000 millones de euros, en torno al 2,6 por ciento del PIB, muy por debajo del tres por ceinto, que es el objetivo establecido por la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera para 2020.

Comité de expertos

Por otra parte, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas informó al Consejo de la propuesta para la creación de un Comité de Expertos para la Revisión del Sistema de Financiación Local. Según el ministro, las diversas reformas legislativas que se han desarrollado esta legislatura hacen necesario que, paralelamente a la creación de un Comité de Expertos para la revisión de la Sistema de Financiación Autonómico, se proceda a constituir un Comité de Expertos para revisar el Sistema de Financiación Local.

El Comité deberá encargarse de analizar la situación del sistema de financiación local vigente y plantear propuestas para una próxima reforma de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, con el fin de adaptarla al nuevo marco de definición de competencias y al nuevo escenario de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera.

La composición del Comité de Expertos será consensuada, de manera que sus componentes serán nombrados por la Comisión Nacional de Administración Local, a propuesta tanto del Estado como de las Entidades Locales. Los componentes serán profesionales de “reconocido prestigio” en el estudio de la financiación local, de perfil técnico o académico, y que, en ningún caso, tenga un perfil político.

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