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Montoro exige a Castilla y León que apruebe en 15 días un acuerdo de “retención” de créditos que garantice el cumplimiento del déficit

El ministro aplica a la Comunidad las medidas “coercitivas” que establece la ley para las autonomías incumplidoras

Imagen de archivo de una reunión del presidente de la Junta, Herrera, con Cristóbal Montoro.

Castilla y León deberá aprobar en el plazo de 15 días un acuerdo de “no disponibilidad de créditos” y efectuar la correspondiente “retención” de los mismos que “garantice” el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria establecido por el Gobierno para este año (0,3 por ciento). Una carta enviada por el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, a la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, con fecha 6 de abril, fija ese plazo para adoptar esas medidas a contar desde la recepción de la misiva.

Montoro recuerda que su exigencia se basa en el cumplimiento de lo previsto en el artículo 25,1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de medidas coercitivas ante el incumplimiento del plan económico-financiero o del plan de reequilibrio, o cuando el periodo medio de pago a los proveedores de la comunidad autónoma supere en más de 30 días el plazo máximo de la normativa de morosidad durante dos meses consecutivos. En este sentido, cabe recordar que otra misiva del ministro a la consejera de fecha 1 de abril, instaba a la Comunidad a cumplir en plazo el pago a sus proveedores.

La carta del Montoro constata que Castilla y León superó el objetivo de estabilidad prepuestaria que tenía fijado para 2015 lo que “conlleva igualmente al incumplimiento del plan de ajuste” que tenía en vigor al haber estado adherida a los mecanismos adicionales de financiación (Fondo de Facilidad Financiera). Un incumplimiento, recuerda, que da lugar a la aplicación de las “medidas coercitivas” de la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El ministro destaca que la UE obliga a los estados miembros a evitar déficits públicos excesivos (artículo 126 del Tratado de Funcionamiento), y “el cumplimiento de esta exigencia compete a todas las administraciones públicas, quienes por razones de legalidad e interés general deben aplicar las medidas necesarias a tal fin que resulten del derecho europeo y nacional”.

Montoro recuerda que la Comunidad, dispondrá en 2016, de un importe total de 5.985,73 millones de euros en concepto de recursos de recursos del Sistema de Financiación sujetos a liquidación, que suponen un aumento en 311,56 millones respecto a la cuantía recibida en 2016.

Igualmente, Montoro incide en que la autonomía debe considerar los ahorros derivados de las medidas adoptadas por el Gobierno de reducción de los costes financieros de los préstamos formalizados con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, que estima en 17,13 millones de euros.

“Esta financiación adicional facilitará a la Comunidad atender la no disponibilidad solicitada y cumplir con la regla de gasto, sin determinar necesariamente y siempre en función del presupuesto vigente para 2016, una reducción del gasto en relación con lo ejecutado en el ejercicio anterior”, resume Montoro, quien aclara que evaluará “convenientemente” el acuerdo de no disponibilidad para determinar su cumple con la regulación vigente.

El artículo coercitivo

El artículo de “castigo” para lograr la estabilidad presupuestaria al que aduce Montoro, indica que el acuerdo que debe aprobar la Junta sobre los créditos deberá detallar las medidas de reducción de gasto correspondientes e identificar el crédito presupuestario afectado, no pudiendo ser revocado durante el ejercicio presupuestario en el que se apruebe o hasta la adopción de medidas que garanticen el cumplimiento del objetivo establecido, ni dar lugar a un incremento del gasto registrado en cuentas auxiliares, a cuyo efecto esta información será objeto de un seguimiento específico. Asimismo, cuando resulte necesario para dar cumplimiento a los compromisos de consolidación fiscal con la Unión Europea, las competencias normativas que se atribuyan a las Comunidades Autónomas en relación con los tributos cedidos pasarán a ser ejercidas por el Estado.

El apartado b de este artículo también obliga a constituir, cuando se solicite por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, un depósito con intereses en el Banco de España equivalente al 0,2 por ciento de su Producto Interior Bruto nominal. El depósito será cancelado en el momento en que se apliquen las medidas que garanticen el cumplimiento de los objetivos. Si en el plazo de tres meses desde la constitución del depósito no se hubiera presentado o aprobado el plan, o no se hubieran aplicado las medidas, el depósito no devengará intereses. Si transcurrido un nuevo plazo de tres meses persistiera el incumplimiento podrá acordar que el depósito se convertirá en multa coercitiva.

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