Num: 6482 | Jueves 6 de agosto de 2020
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Muñoz afirma que el recurso al pliego de la ayuda a domicilio es un trámite administrativo que solo aplazará un mes la licitación

El Ayuntamiento acepta dos de las tres alegaciones de Clece y queda a la espera de que el Tarcyl se pronuncie sobre la tercera: la posibilidad, establecida por el Consistorio, de suspender el contrato unilateralmente si dejase de recibir la subvención de la Junta

Pedro Muñoz, portavoz de CB en el Ayuntamiento de Ponferrada. / QUINITO

El concejal de Bienestar Social del Ayuntamiento de Ponferrada, Pedro Muñoz, negó esta mañana que el recurso presentado por la empresa Clece ante el Tarcyl (Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León) contra el pliego del servicio de ayuda a domicilio suponga la judicialización del asunto, “toda vez que el Tarcyl no es un órgano jurisdiccional, sino un órgano puramente administrativo creado en 2012 para evitar precisamente en lo posible la judicialización de los recursos contra los actos administrativos”. 

Así lo señaló en rueda de prensa, reiterando lo manifestado previamente en la Comisión de Bienestar Social, en respuesta a una pregunta de PeC y a una noticia aparecida en medios de comunicación. “Los recursos contra los pliegos de contratación ante el Tarcyl son algo normal, que está previsto legalmente y que ya ha ocurrido en alguna otra ocasión en el propio Ayuntamiento de Ponferrada y con frecuencia en otros ayuntamientos y organismos públicos, indicó. Muñoz entiende que aproximadamente en un mes se podrá proceder a la licitación.

Según el concejal, la presentación de un recurso en esta materia y ante este tribunal “lo único que supone es la existencia de divergencias en cuanto a la interpretación de la Ley de contratación y de los pliegos reguladores de la misma entre el órgano de contratación y las empresas interesadas en concurrir”. “En la web del propio tribunal se puede comprobar que durante el año 2016 se han planteado 84 recursos contra expedientes de contratación tramitados por ayuntamientos varios, contra la propia administración de Castilla y León, universidades, etc.”, añadió.

En cuanto a los motivos del recurso, Muñoz señaló que Clece recurrió los pliegos de contratación alegando tres cuestiones. La primera, que el presupuesto de licitación no cubre los costes de personal. Sobre ello, el concejal explicó que el precio de licitación fijado en el pliego elaborado a finales de 2016 fue de 14,60 €/hora y que en dicho precio, conforme alega la empresa, no se tiene en cuenta el incremento salarial pactado para 2017, lo cual es cierto, por que el pliego se elaboró en 2016, desconociéndose ese incremento pactado. El estudio económico de la empresa recurrente fija un coste, donde sí se tiene en cuenta tal incremento salarial, asciende a 14,69 €.

“Analizadas las alegaciones de la empresa y, aunque el Ayuntamiento no está obligado por los convenios colectivos ya que no fue parte negociadora, se considera oportuno allanarse a tal demanda ante el peligro de licitar por un precio demasiado bajo que no alcance a cubrir los costes laborales con el perjuicio que ello pudiera conllevar tanto para el servicio como para las trabajadoras del mismo y sus usuarios”, manifiestó el también portavoz de Coalición por el Bierzo.

La segunda alegación es la referida a la orden de continuidad finalizado el plazo de contratación del servicio. Y es que el pliego fija una duración del contrato de un año, renovable por otro año más, pero recogiendo la obligación de que la empresa permanezca en la prestación del servicios una vez finalizado el contrato y sus eventuales prórrogas para el caso de que no se hubiese producido nueva adjudicación del servicio, “con el fin de evitar una posible desatención de los usuarios ante cualquier eventualidad que pudiera surgir al tratarse de un servicio de carácter esencial de obligada provisión conforme a la Ley de Servicios Sociales de Castilla y León”. “Analizadas las alegaciones de la recurrente y las sentencias alegadas, se considera procedente allanarse a tal petición al existir dudas fundadas de que tal obligación de continuar en el servicio sea aplicable a un contrato de servicios”, declaró Muñoz.

La tercera alegación presentada por Clece tiene que ver con la posibilidad de resolver el contrato unilateralmente por el Ayuntamiento en el caso de que se pierda la competencia para prestar el servicio. Esta es la única de las tres alegaciones en las que el Ayuntamiento, a menos que así lo determine el Tarcyl, se muestra firme. “En este caso se considera procedente no allanarse a tal petición de la empresa por considerar la cláusula recurrida ajustada a la normativa reguladora de la contratación pública”.

Además, el edil bercianista señaló que no se ha producido ningún perjuicio al servicio ya que la empresa actual sigue y seguirá prestando el mismo hasta nueva adjudicación, contando con su conformidad para ello desde el 10 de febrero de este año, así como que “no existe responsabilidad alguna de nadie en esta situación, ya que se trata de divergencias en cuanto a la interpretación de la normativa entre una empresa y el órgano de contratación”. “En dos cuestiones se entiende que la recurrente puede tener razón y una de ellas no”, apostilló. 

 

 

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