¡No entiendo nada!

Lo confieso, no me ha sido fácil comprender las razones que han llevado a Isabel Preysler a separarse de su hasta ahora querido Mario, que tanto ha contribuido a mejorar su caché y su envoltura intelectual. Tampoco he entendido muy bien la inesperada reconciliación de su hija Tamara con su novio, Iñigo Onieva, después de su demostrada y publicitada traición,

Y también he tenido que realizar serios esfuerzos intelectuales para llegar a descifrar, mínimamente, las razones por las que los organizadores de la Cabalgata de Reyes, en León, decidieron amenizar con música caribeña el avance de la carroza de Baltasar. No sé si en la decisión pesó el color de su piel o si los organizadores pretendían romper con la tradición y el buen gusto, poniendo en la megafonía rumbas y merengues en lugar de los populares villancicos, que además de añejos están íntimamente ligados a nuestra cultura, cosa que ahora no goza de mucho aprecio.

En fin, que no lo entiendo. Como no comprendo esa diferenciación que se ha institucionalizado en nuestro país entre los jueces conservadores y los progresistas, y de la que se ocupan con frecuencia los espacios informativos y no precisamente por razones que nos lleven a los simples mortales a mejorar nuestra consideración y confianza en el sistema judicial español y sus islas adyacentes.

La cuestión de la dualidad terminológica e ideológica de sus señorías, se pone de actualidad cada vez que se plantea la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, un hecho en el que los partidos políticos siguen teniendo mucho que decir y eso que todos apuestan, con ilimitado entusiasmo, por la despolitización de la justicia.

Y más recientemente ha sido la elección del presidente del Tribunal Constitucional, la que ha servido para que los españoles nos enteremos de que la mayor dificultad de la elección no ha tenido tanto que ver con la idoneidad del candidato nominado, don Cándido Conde-Pumpido, etiquetado como progresista, sino con los votos con los que éste podía contar, ante la competencia planteada por la otra candidata, al parecer, rotulada igualmente como progresista. Y es que eso de medir los niveles de progresismo de unos y otros debe ser muy complicado.

En cualquier caso, que es a lo que iba, yo tengo muchas dudas y por ello lo único que pretendo con estas líneas es dejar constancia, aquí y ahora, de mis incertidumbres, por si algún espíritu bondadoso se apiada de mi ignorancia y arroja luz sobre todas las sombras que me inquietan.

Y lo primero que me pregunto, ¿Quién decide la inclusión de los jueces en uno u otro grupo? ¿Lo hacen ellos mismos, a voluntad propia, o es alguna asociación la que decide la denominación? Tú para aquí y tu allá, pongamos por caso, en función de criterios objetivos o sospecha de cuales son las inclinaciones ideológicas de cada uno. ¿La adscripción es vitalicia o, con el tiempo, los conservadores se pueden reconvertir en progresistas o viceversa? ¿Los justiciables nos tenemos que preocupar de si quien nos juzga es progresista o conservador, o, por el contrario, tenemos que confiar ciegamente en sus dictámenes desde un entendimiento exclusivamente profesional y objetivo de los mismos?

En fin, son muchas las preguntas que me asaltan en estos días cuando, después de los excesos gastronómicos de la Navidad, trato de volver a la normalidad, a mi peso ideal, y al fondo de estas cuestiones, que me vienen inquietando desde hace tiempo, en parte por mi natural inocencia y, en parte también, porque no dejo de oír enardecidos pronunciamientos a favor de la despolitización de la justicia, tanto por parte de todos los partidos políticos del arco parlamentario como por parte  de los propios magistrados.

En el caso de los partidos se puede entender que digan una cosa y hagan la contraria, pero, vamos a ver, ¿cómo es posible que esos jueces que apuestan sin reservas por la despolitización no duden, sin embargo, en incorporarse, de una u otra manera, a asociaciones profesionales que tienen, en algunos casos, un claro sesgo ideológico? Si no me falla la memoria y, sobre todo, Google, existen en España seis asociaciones de jueces: Asociación Profesional de la Magistratura, Jueces para la Democracia, Asociación Francisco de Vitoria, Foro Judicial Independiente, Ágora Judicial y la Asociación Nacional de Jueces.

No me atrevo a señalar cual de esas Asociaciones tiene la consideración de conservadora y cual la de progresista, pero es seguro que ambas etiquetas tienen mucho peso en los magistrados cuando deciden incorporarse a unas u otras y eso es lo que, dicho desde el respeto y la admiración que me merecen todos los profesionales que se dedican a impartir justicia, a mi me sorprende como me sorprendería que, en el caso de los Colegios de Ingenieros de Caminos, unos fueran  progresistas y otros conservadores o que en entre los Colegios de Médicos se diera  esa misma dualidad. Creo que lo importante no debería ser la ideología de los profesionales que los integran sino su capacidad,  en un caso, para hacer carreteras sin demasiadas curvas y, en el otro, para aplicar tratamientos de salud eficaces, a ser posible sin listas de espera.

Vamos, me parece a mí.

Angel María Fidalgo