Num: 6284 | Martes 22 de enero de 2020
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Nuevo intento de repensar la sanidad y, una vez más, no llueve a gusto de todos

En un año electoral, volvió a saltar a la palestra un pacto por el sistema, se creó un grupo para el futuro de la Atención Primaria y Salamanca entró en la élite de terapias CART

Hospital del Bierzo. / QUINITO

La necesidad de mejoras urgentes para garantizar la viabilidad del sistema sanitario volvió a centrar la política sanitaria de 2019, en un año en el que el consejero de Sanidad Antonio María Sáez Aguado cedió, tras dos legislaturas, su despacho a Verónica Casado. La mejor médica del mundo entró en la Junta de la mano de Ciudadanos con el compromiso de repensar el modelo y avanzar en un pacto para preservar este pilar del Estado del Bienestar.

Si en 2015 la ambiciosa reforma de la Atención Primaria se cerró con un tímido movimiento de 75 médicos del medio rural al urbano, la reordenación sanitaria del mundo rural sobre la que trabaja el nuevo equipo se vio con recelo por parte de todos los sectores, pese a ser una de las recomendaciones del grupo de trabajo autonómico que se creó en enero para redefinir la Atención Primaria en Castilla y León en los próximos diez años. La llegada de las elecciones de mayo impidió que el grupo presentara sus conclusiones, que todavía hoy duermen en algún cajón.

La consejera se estrenó en el Parlamento autonómico en septiembre con la propuesta de un pacto por la sanidad, que su predecesor no logró, y de la que de momento se han desmarcado Podemos y el Grupo Socialista que condiciona su apoyo a la retirada del plan que pilota este departamento en la comarca de Aliste, por considerarlo el “desmantelamiento” de la atención en el medio rural.

En el primer encuentro Partido Popular, Ciudadanos, Vox y Por Ávila se sumaron a la búsqueda de un acuerdo, mientras que UPL mantuvo que a priori no se daba las circunstancias para lograr el consenso, en el que se trabaja para lograr un documento de 110 medidas que definan el modelo asistencial de Castilla y León con una visión, a largo plazo y zona por zona. Podemos tampoco acudió a esta primera reunión.

Poco tiempo ha necesitado el nuevo equipo para entender que hurgar en la herida de la sanidad rural duele y mucho, más en una Autonomía que se desangra y que asiste cada día al problema de sustitutos en los consultorios rurales, en especial en pueblos alejados, para lo que en febrero vio la luz el Decreto Ley de medidas urgentes en materia de sanidad que pretende dar respuestas a uno de los principales retos a los que se enfrentan hoy los sistemas sanitarios como es el déficit de médicos especialistas en Atención Primaria –tanto médicos de familia como pediatras-.

La norma supuso que los profesionales sanitarios que acepten trabajar en zonas de difícil cobertura tendrán un complemento de garantía asistencial que en el caso de los médicos de familia y pediatras será de 6.000 euros anuales, de 1.300 euros para los enfermeros y de 300 euros para resto de categorías. En la misma también se contempla la recuperación de los incentivos de productividad, mecanismo suspendido en el año 2012 como consecuencia de la crisis económica, la fidelización de los licenciados sanitarios especialistas en medicina familiar y la posibilidad de utilizar el transporte a la demanda para garantizar la asistencia en los casos de no poder hacerlo en los consultorios locales por carencia de profesionales.

Marco estratégico nacional

Con el mismo objetivo de paliar el déficit de profesionales y garantizar la calidad del sistema, el Pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) aprobó en abril, sin el consenso de todas las comunidades -algunas lo tacharon de electoralista, caso de Castilla y León-, el Marco Estratégico para la Atención Primaria de Salud, un documento que responde a la necesidad de afrontar de manera conjunta los problemas y retos actuales de la Atención Primaria. El documento va dando sus pasos, con el objetivo de que en 2022 los cupos cumplan los siguientes criterios: hasta 1.500 pacientes en atención a adultos y 1.000 en pediatría, y con el compromiso de dimensionar las plantillas e impulsar del uso de tecnologías que permitan el registro de datos clínicos en el domicilio del paciente y su volcado a la Historia de Salud Digital.

Estas medidas surgen a partir de datos que se intuían nada halagüeños, sobre los que el Consejo de Colegios Oficiales Médicos de la Comunidad quiso poner blanco sobre negro con su ‘Estudio de demografía médica de Castilla y León’, que arroja que cerca de 5.000 médicos podrán jubilarse en la próxima década en Castilla y León, y las plantillas más envejecidas se dibujan en Medicina de Familia, Traumatología y Cirugía General, con una media de edad en estos momentos de 53,1 años, en el primer caso, y de 50,4 y 50,2, en el segundo. Es más, las jubilaciones en Atención Primaria tendrán mayor impacto en cinco años en el medio rural que en el urbano, con un 54 por ciento de bajas, frente a un 44 por ciento.

En estos momentos, el 46 por ciento de los médicos en activo de la Comunidad tiene 55 años o más, los que potencialmente se jubilarán en diez años, con porcentajes más elevados en provincias como Soria, con un 59 por ciento, Zamora, un 51 por ciento, y Ávila y Palencia, con un 47 por ciento, en cada caso. Son datos que llaman a la reflexión, en especial en el caso de la Medicina de Familia, cuyo modelo para muchos está enfermo.

Sin modelo viable

Precisamente, esta fue la denuncia que puso el Colegio de Médicos sobre la mesa en una de las primeras reuniones que mantuvo con Casado en el mes de noviembre. Ambas partes coinciden en el diagnóstico, pero quien tiene que prescribir el tratamiento, la Consejería, “carece de un programa coherente de reformas y de un modelo sanitario viable” a corto plazo para buscar soluciones a los “graves problemas” que afectan a los profesionales del Servicio de Salud de la Comunidad.

El Consejo de Colegios Oficiales de Médicos de Castilla y León pide una revisión del Plan de Reordenación de Recursos Humanos que reconsidere el sistema de jubilaciones y mejore las condiciones laborales de los profesionales en formación, tutores y figuras docentes; la realización de Ofertas Públicas de Empleo y concursos de traslados con periodicidad anual; y una gestión ágil y trasparente de las bolsas de empleo.

En materia de gestión de personal, CCOMCyL considera necesaria la adecuada categorización de las zonas y plazas de difícil cobertura, tanto en Atención Primaria como en Hospitalaria; acabar con la alta tasa de temporalidad y precariedad laboral; reconducir la errática política de recursos humanos, que deriva en la sobrecarga asistencial, deterioro de las condiciones de trabajo, incremento de las listas de espera y el aumento constante de derivaciones a la medicina privada.

Por parte de los usuarios, la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León (Cavecal) denunció ya a principios de año las “intolerables” esperas que sufren los usuarios de algunos centros de Atención Primaria de la Comunidad, que pueden llegar a diez días, y la pérdida de calidad en la atención.

Este fue uno de los argumentos de una nueva marea blanca, el 26 de enero, que sacó a las calles a miles de personas (15.000 según los cálculos de la Policía Nacional frente a las más de 50.000 de los organizadores, cifra similar al pasado año). Convocada por 18 plataformas en defensa de la sanidad pública de la Comunidad, los participantes exigieron medidas para combatir el deterioro general del sistema y la desatención que padecen el medio rural y la Atención Primaria, así como la necesidad de acabar de una vez por todas con los recortes, recuperar todo el empleo perdido y reducir las listas de espera.

A la cabeza de la manifestación, representantes de las plataformas portaban una gran pancarta en la que se podía leer ‘¡Nos sigue doliendo la Sanidad’ y ‘Consejero dimisión’, tras la cual se situaron tres médicos de familia del centro de salud de Los Cubos en Burgos que dimitieron por la inviabilidad de la atención con garantías de calidad en sus respectivos puestos.

Hasta tal punto se tensó la cuerda, que el propio Sáez Aguado se planteó contratar a médicos sin la especialidad de MIR para medicina familiar, “de forma extraordinaria y transitoria” y únicamente para dar respuesta a situaciones extremas por déficit de personal en áreas de salud concretas. Las reacciones llegaron en cascada, y al final la Consejería rectificó para trabajar en otras alternativas, pese a que es práctica habitual en otras autonomías como Valencia, Canarias y Castilla-La Mancha.

Salamanca, referencia en terapias CART

En abril se confirmó que el Hospital Clínico Universitario de Salamanca había sido uno de los nueve centros elegidos en España para empezar a aplicar los innovadores tratamientos con células CART para el tratamiento del cáncer para pacientes en los que no hayan obtenido resultados tratamientos anteriores. Consiste en modificar en el laboratorio unas células del sistema inmunitario del propio paciente, las T, para que ataquen las células tumorales.

Además, en septiembre Sacyl asistió a la recepción de la obra del nuevo Hospital de Salamanca, un paso para poder empezar a instalar todos los equipos, desde la alta tecnología, hasta el mobiliario.

En el apartado de buenas noticias la Sociedad Española de Cardiología (SEC) acreditó calidad asistencial en cardiología del Complejo Asistencial Universitario de Burgos, el Complejo Asistencial Universitario de León, el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. En este último caso, el centro fue reconocido junto a otros ocho “buques insignia” de la sanidad española, el sello SEC-EXCELENTE en asistencia ventricular mecánica.

En 2019, Castilla y León dio un paso adelante e incluyó la vacuna de la meningitis B y la conjugada tetravalente, en el calendario vacunal, para garantizar la equidad e igualdad y evitar el desequilibrio entre las comunidades autónomas.

También, se avanzó en el convenio con el Hospital Tres Mares de Reinosa, con el fin de garantizar la atención sanitaria de una población de 14.000 habitantes correspondientes a Valdebezana (Burgos), Aguilar de Campoo y Cervera de Pisuerga (Palencia). De momento, se trabaja en el convenio y los plazos para que sea una realidad en la atención de Urgencias, ingresos en Medicina Interna y la prestación de Radiología programada.

Unidades de radioterapia

Pese a no figurar en el acuerdo PP-Cs para el Gobierno de Castilla y León y ser una de las apuestas en campaña electoral del actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, más criticadas por el hoy vicepresidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Igea, por inviable, la Consejería de Sanidad expresó su firme compromiso con las unidades satélite de radioterapia en Ávila, pero también en los hospitales del Bierzo (León), Palencia, Segovia y Soria.

En la primera sesión de control del pleno de las Cortes de esta décima Legislatura, Casado sostuvo que son una prioridad “total y absoluta” para su departamento. “Me importan mucho todas las personas que sufren esos procesos”.

Garantías al final de la vida

El Consejo de Gobierno de la Junta conoció, en su primera reunión con el nuevo equipo, el 18 de julio, el primer borrador del proyecto de ley de derechos y garantías de las personas al final de su vida, una adaptación al ámbito autonómico de la Ley 5/2018, de 22 de junio, sobre derechos y garantías de la dignidad de las personas en el proceso del final de la vida, que llegó a aprobarse en el Congreso pero que fue paralizada a su llegada al Senado.

En esta reunión, también se nombró como gerente de Sacyl al leonés Manuel Mitadiel, procurador de Cs en la pasada legislatura y portavoz de Sanidad del Grupo en las Cortes autonómicas. Su apuesta, según dijo en la toma de posesión del cargo, pasa por mejorar los resultados en salud y por trabajar para que en cuatro años el sistema sea “mejor; un sistema sostenible de futuro; universal y público, y que el resultado de esta actuación sea favorable para los habitantes de Castilla y León”.

Salud pública

En materia de salud pública, el brote en agosto de listeriosis en Andalucía, con 114 personas intoxicadas y una mujer de 90 años fallecida, activó las alertas de la Red de Alerta Rápida Alimentaria en Castilla y León, tras conocer que un establecimiento de San Rafael (Segovia) recibió carne contaminada. Tras varios casos sospechosos en varias provincias, sólo se confirmó uno en Salamanca, provincia donde también hubo cuatro personas intoxicadas por toxina botulínica detectada en una conserva de atún en aceite de girasol.

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