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El Juzgado de lo Mercantil número 1 de León ha resuelto el concurso voluntario de acreedores, instado en diciembre de 2019 por los actuales gestores de la Fundación de Deportes, declarando la extinción de esta sociedad, por “la inexistencia de masa”, así como de patrimonio y activos.
El auto dictado por el Juzgado supone de facto que el Ayuntamiento no tendrá que pagar los más de tres millones de euros de deuda contraída por la Fundación, de carácter privado pero con el Ayuntamiento como uno de los patronos. Se trata de “una excelente noticia para el Ayuntamiento y para los ciudadanos”, señalaban este lunes los concejales de Deportes, Iván Castrillo y Hacienda, Mabel Fernández, al tiempo presidente y vicepresidenta de la fundación, pues estos tres millones, que estaban reservados a la espera de la decisión judicial final, se incorporarán a los remanentes del presupuesto de 2020 y se invertirán en obras para la ciudad.
El auto del Juzgado se produce tras dos sentencias emitidas por otros dos juzgados de lo contencioso administrativo y de la Audiencia Provincial, que ya eximían al Ayuntamiento de las deudas de la Fundación ante las reclamaciones de los deudores, principalmente del Banco Santander, por importe de tres millones de euros, en base a un crédito concedido.
Un largo camino desde 2009
La Fundación de Deportes fue creada en mayo de 2009. Tras un largo proceso previo, un contrato con la Unión Ciclista Internacional, UCI, del que la Intervención Municipal no tenía ni conocimiento, se llegó al Pleno de 8 de octubre de 2012, en el que se decidió designar a la Fundación de Deportes de Ponferrada como gestor del Mundial de Ciclismo a celebrar en 2014, con la consiguiente asignación de fondos públicos, decisión que fue considerada por el Consejo Consultivo como una “huida del derecho administrativo y de los controles de gastos y eficiencia en la asignación de fondos públicos”; el propio Consejo Consultivo aseguró que la idea de encargar la gestión a una Fundación suponía “un mecanismo para evitar los criterios de garantía, la libre concurrencia, publicidad, igualdad y mérito a todo tipo de contratos y procedimientos que se iban a llevar a cabo en la Fundación, la cual, con independencia de que estuviera registrada como Fundación privada, se financió casi íntegramente con dinero público, y se encargó de la gestión del mundial de ciclismo”, según informaba este lunes la concejala Mabel Fernández
A partir de ahí, entre otras operaciones, la Junta de Gobierno, en sesión extraordinaria y urgente celebrada el 24 de septiembre de 2014, acordó incluir en la cláusula cuarta antes citada las obligaciones derivadas del préstamo concedido por el Banco Santander a la Fundación de Deportes Ponferrada. Mabel Fernández recordó que “los refrendos a esta cláusula fueron revisados de oficio por el Ayuntamiento. Eso significa que eran nulos de pleno derecho”, motivando un recurso por parte de concejales de la formación USE Bierzo, a los que sin embargo los tribunales no dieron la razón.
La Fundación de Deportes interpuso un recurso para intentar hacer frente a las deudas, exigiendo judicialmente al Ayuntamiento el pago de los 3 millones de euros de deuda contraída.
En sentencia comunicada el 10 de octubre de 2.019, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de León rechazó el recurso, justificándolo como inadmisible, alegando que “la responsabilidad de la gestión del evento deportivo era exclusiva de la Fundación”, tal como se le encomendó en Pleno municipal en su momento, y que el Ayuntamiento “no figura como garante ni es parte implicada en estos contratos”.
Esta decisión confirmó las resoluciones anteriores de la Audiencia Provincial de León y del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 3 de León, que eximieron al Ayuntamiento de abonar la deuda reclamada por el Banco Santander.
Una vez renovados los cargos en la Fundación, con la designación de Iván Castrillo como presidente, Mabel Fernández como vicepresidenta y Roberto Mendo como vocal (que no pudo estar presente en la rueda de prensa de este lunes por motivos laborales), el pasado 3 de diciembre se formuló solicitud de declaración de concurso voluntario de la Fundación, aportando la documentación en la que se demuestra la insolvencia de la deudora y se justifica el endeudamiento y la insolvencia inminente. Según Mabel Fernández, “instamos al concurso para no incurrir en responsabilidad”. Por último, el 16 de diciembre de 2019 se dictó el Auto que hoy se ha hecho público