El presidente de Grupo Irosa-Samaca, Rogelio López, compareció esta mañana en una conferencia de prensa celebrada en la sede del Clúster da Pizarra de Galicia para esbozar una línea temporal de los eventos que han llevado a la actual situación de desahucio que enfrentan las empresas que preside. López calificó la situación de “injusta” pero expresó su confianza en que se pueda encontrar una solución satisfactoria.
Rogelio López comenzó su exposición recordando que en el año 1968, con la creación de la Cooperativa Samaca, se adquirieron las primeras parcelas en O Trigal destinadas al almacenamiento de pizarra, en su mayoría compradas a vecinos del pueblo. Con el tiempo, se expandieron adquiriendo más terrenos para construir la primera instalación de elaboración de pizarra.
En 1977, antes de que los terrenos fueran clasificados como propiedad comunal y con miras a su crecimiento continuo, las empresas Irosa, Samaca, Pizarras Vianzola y Capimor llegaron a un acuerdo con los habitantes locales. Según el acuerdo, a cambio de financiar proyectos de suministro de agua para las localidades de Portela y Trigal, estos cederían indefinidamente los terrenos necesarios para las actividades industriales.
Con el cambio generacional y considerando que la Ley de Montes no permite arrendar terrenos por más de 11 años, se alcanzó un acuerdo para establecer contratos de arrendamiento, legalizando así la situación y generando ingresos para la comunidad local. En estos contratos, se excluyeron las parcelas privadas compradas hace más de 40 o 50 años.
En el caso de Irosa, Samaca y Trevinca (anteriormente Vianzola y ahora propiedad de Irosa), los contratos finalizaron el 1 de enero de 2015. Las condiciones requerían que todas las parcelas privadas pasaran a ser propiedad de la comunidad local. Esto incluía 14 estructuras, que comprendían fábricas, almacenes, oficinas, comedores y talleres, entre otros. Además, se solicitaba la firma de un nuevo contrato por cinco años, la no expropiación de las tierras y el pago de una renta cinco veces mayor que la que el grupo de empresas había pagado anteriormente, entre otras condiciones que Grupo Irosa-Samaca no podía aceptar.
El presidente de los comuneros y su abogado decidieron emprender acciones legales para el desahucio, mientras que el grupo de empresas solicitó la expropiación de las tierras, que fue concedida por la Xunta de Galicia.
En opinión de Rogelio López, la Junta de Montes de Portela y Trigal expulsó injustamente a comuneros, una acción que la Justicia ha reconocido. Esto incluyó a vecinos que eran mayoría y que no estaban de acuerdo con las acciones del presidente de la Junta Rectora. Además, se admitió a otros vecinos que no cumplían con los requisitos para ser considerados comuneros, incluido el señor Iglesias, con el objetivo de mantener la mayoría.
Toda esta situación ha llevado al conflicto actual, con una orden de desahucio pendiente a pesar de que el grupo de empresas es propietario del 100% de los terrenos.
Rogelio López, presidente de Grupo Irosa-Samaca, ha expresado su voluntad de encontrar una solución al conflicto y su disposición para negociar con el fin de preservar la actividad industrial y los puestos de trabajo en la región.
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