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El Procurador del Común cree que la Diputación de León debería contar con un servicio de control de colonias felinas

Otras instituciones provinciales disponen de él
Gatos. / Pixabay
Gatos callejeros. / Pixabay

El Procurador del Común considera que la Diputación de León, a través del órgano competente correspondiente, debería ofrecer a los municipios de menos de 20.000 habitantes la prestación de un servicio de control y protección de las colonias felinas, en similares condiciones al que se presta en la actualidad para la recogida de perros abandonados. Así se recoge en una resolución emitida por la institución que dirige Tomás Quintana en la que se recuerda que alguna otra diputación de Castilla y León ya cuenta con ese servicio y sugiere su conveniencia. El pronunciamiento del Procurador llega a partir de la denuncia por insalubridad presentada desde un municipio de la provincia sobre la presencia de gatos sin dueño. El Consistorio valoró poner en marcha un acuerdo con una asociación protectora de animales para implementar el procedimiento CES (Captura, Esterilización, Suelta) pero no llegó a llevarlo a cabo.

En la resolución se expone que el artículo 18 de la Ley autonómica de Protección de Animales de Compañía se fijan unas obligaciones, sin que se haga distinción en ella en el régimen de protección de perros y gatos, que deberán ser cumplidas. El artículo -en una redacción que se tilda de ambigua- establece que será “competencia de los ayuntamientos o en su caso de las diputaciones” ejercer esa protección y disponer de personal e instalaciones para ello o concertarlo con colectivos de defensa de los animales.

El Procurador señala que la puesta en marcha de ese servicio contribuiría a evitar que se pueda atribuir algún tipo de responsabilidad patrimonial a los pequeños municipios de la provincia por accidentes que pudiera causar la presencia de gatos abandonados en los cascos urbanos y sitúa la pelota en el tejado de la Diputación que, por ahora -a raíz de la denuncia inicial- se ha limitado a señalar que considera que no tiene atribuida por ley ninguna competencia para la regulación de las colonias felinas y, por consiguiente, para la aplicación del programa CES en los municipios de menos de 20.000 habitantes.