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Opinión


6 de marzo de 2014

Reforma eléctrica real, ya….

Joaquín Jarrín, ingeniero y empresario del sector aborda el controvertido tema de la tarifa eléctrica.


Cuando el ministro de Industria y Energía, Sr. Soria, anunció una importante reforma en el sector eléctrico, todos los expertos en la materia se congratularon porque al fin alguien hubiera decidido tomar cartas sobre un asunto. Era de obligado cumplimiento el abordar una profunda reforma para un sistema eléctrico que a 31 de diciembre de 2012 acumulaba una deuda asociada al déficit de tarifa de casi 35.000 millones de euros y que, anualmente, incrementaba este agujero en alrededor de 5.500 millones más.
Ahora bien, como en todo problema cotidiano, cuando este se quiere resolver, lo más sensato y razonable es identificar y analizar con detalle las causas que lo han originado.

¿A que se le puede achacar la situación de insostenibilidad que vive actualmente el sistema eléctrico español?.

En primer lugar destacaría los sucesivos fallos de planificación en la política energética, siendo esta y en particular la electricidad, una cuestión básica en la estrategia económica e industrial de nuestro país.

Hemos carecido en las últimas décadas de una estrategia clara a medio y largo plazo en esta materia.

Tanto las sucesivas planificaciones del sector eléctrico, 2002-11, 2005-11 y la actualmente vigente 2008-16, como las planificaciones del sector de las energías renovables, PER 2005-10 y posterior PER 2011-2020, se han caracterizado por una visión irreal, extremadamente futurista y con expectativas de crecimiento que nada tienen que ver con el desarrollo de nuestro País.

Como por ejemplo la Estrategia integral para el Impulso del Vehículo Eléctrico en España, en el que el planteamiento inicial era de alcanzar 142.000 vehículos eléctricos en el parque móvil español en el año 2013, cuando apenas se ha superado el millar de unidades.

Estos importantes errores de planificación y desarrollo nacional, han derivado en un sobredimensionamiento de las infraestructuras.

Nuestro sistema de generación eléctrica dispone de un índice de cobertura de la demanda de los más altos de Europa, con un valor de 1,73 frente al 1,28 de Italia, 1,21 de Alemania, 1,15 del Reino Unido o 1,09 de Francia. Pudiendo llegar a afirmar que una quinta parte de la capacidad instalada en nuestro país, hoy en día, está desaprovechada, sin producción, lo que acaba encareciendo la factura eléctrica.

En segundo lugar, sería importante analizar el descontrol regulatorio que ha caracterizado al sector en los últimos años, donde las decisiones han estado más dirigidas por los intereses políticos que por las propias necesidades operativas del sistema. De esta forma, hoy nos encontramos con que cerca del 30% de los costes del sistema eléctrico poco tienen que ver con la propia operativa del sistema como son el servicio de “interrumpibilidad” que beneficia a determinadas industrias estratégicas, las ayudas al carbón, las subvenciones a las renovables, el suministro extrapeninsular o el bono social. Estos costes, que seguramente tienen su razón de ser y son necesarios para el impulso económico del país, han convertido la factura eléctrica en un cajón desastre donde se incluyen costes difícilmente justificables y que sería más lógico que fueran soportados por los Presupuestos Generales del Estado u otros mecanismos de financiación. Todo esto nos ha llevado  y nos está llevando a una situación como la actual de inestabilidad y constante confrontación entre los distintos agentes del sector.

¿No hubiera sido más recomendable empezar la reforma a partir de una planificación realista a largo plazo del sector y en un clima de diálogo con los agentes afectados?

Una planificación de estas características, nos permitiría aprovechar la situación de privilegio de la que partimos, con un sistema eléctrico caracterizado por una potente red de infraestructuras, un mix de generación envidiable a nivel mundial y una extraordinaria calidad de suministro.

Un clima de diálogo con todos los agentes del sistema sería un buen punto de partida para, de una forma consensuada con todas las partes afectadas, buscar una solución que permita absorber los errores del pasado de una forma progresiva y asumiendo un coste razonable por parte de todos los agentes.

No deberíamos caer en los mismos errores del pasado y de una vez por todas hagamos una reforma basada en una planificación a largo plazo y en la estabilidad regulatoria. Una planificación en la que primen los criterios técnicos y económicos sobre los políticos, buscando el equilibrio entre los tres aspectos que deben regir toda política energética, sostenibilidad, competitividad y seguridad de suministro, y una estabilidad regulatoria que de confianza al inversor y que permita abordar las inversiones que necesite nuestro sistema eléctrico a unos costes de capital razonables.

Con estos mimbres y viviendo en el mejor País del mundo, estoy convencido de que no solo conseguiríamos que no subiera el recibo de la luz, sino que éste tendría un recorrido a la baja y se podría de esta forma contribuir con unos costes energéticos razonables al bienestar social, a la tan necesaria mejora de la competitividad de nuestro país y al respeto al medio ambiente.

Nuestro País se merece salir de una vez de este agujero negro donde estamos metidos, siendo necesario exigir una Reforma Eléctrica Real y de verdad….

Joaquín Jarrín García

 

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