PREMIOS MUJER 2024

El consejero de Sanidad exige a la ministra cumplir sus competencias porque las autonomías “ya no pueden hacer más esfuerzos”

Pide sacar del partidismo la prestación ante la “encrucijada importante” a la que asiste el sistema sanitario
Concentración por la sanidad pública en el Hospital El Bierzo de Ponferrada. / C. Sánchez

“Todos tenemos, si queremos solucionar el problema, cada uno dentro de sus competencias, remar en la misma dirección” y ejercerlas, porque las autonomías ya no pueden hacer más esfuerzos para solucionar uno de los grandes problemas que atacan al sistema sanitario, la falta de profesionales. Es el mensaje que lanza el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, desde ‘Los desayunos de Ical’, a la ministra del ramo, Mónica García.

“Cumpla con sus competencias, porque las comunidades autónomas estamos cumpliendo con lo nuestro”, que sea consecuente y ponga a disposición de las comunidades autónomas la mayor cantidad de recursos para poder atajar el problema. “¿Cuál es el argumento que nos dan desde el Ministerio para esta inacción? No, no nos dan argumento. No hay argumento, es una inacción. Nosotros pedimos y nunca se tienen en cuenta las propuestas”, sentenció el también vicepresidente desde junio del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, a propuesta de las comunidades del PP, quien exige medidas para poder llenar las bolsas de profesionales.

El consejero recordó que desde Castilla y León se han tomado “todas las medidas” que se pueden adoptar, por ejemplo, la consolidación de las plantillas por medio de las diferentes OPEs, el concurso de traslados abierto y permanente; se ha facilitado la prolongación del servicio activo; un plan de fidelización de residentes que se ha ampliado lo largo de los últimos años, entre otras iniciativas.

Ahora, y es “urgente”, exige al Ministerio que sea una realidad y elimine la nota de corte para el acceso a las plazas MIR y no queden plazas sin ocupar; agilice las solicitudes de acreditación de nuevas unidades docentes, en especial para Medicina de Familia en el medio rural, y modifique la actualización de los criterios de acreditación de los centros, unidades y dispositivos; y resuelva las solicitudes pendientes de homologación de títulos de especialistas.

“Tienen que hacer una serie de cosas que no son competencia de las comunidades autónomas”, insistió, y recordó que la “inacción” no es exclusiva de García, sino que desde 2018, con seis ministros, lleva “guardado en un cajón” el acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud para atajar la situación. “Adopte medidas para solucionar el grave problema de Estado”, espetó, para recordarle que antes se lo pedían cinco comunidades autónomas, ahora son 12. “No sé si hay una intencionalidad o una torpeza, un fracaso de una política por parte del Ministerio que, como digo, tiene la competencia sobre la planificación y la formación sanitaria especializada”, añadió.

Pacto y transformación

En estos momentos, el consejero considera que hay que hacer también una reflexión sobre la transformación de un “gran modelo sanitario” que nació para garantizar el acceso a la población, pero que no ha cambiado como lo ha hecho la sociedad. “Por ejemplo, es un muy buen modelo para el manejo de los pacientes agudos, pero no es tan bueno para tratar una realidad que es la cronicidad”. “Toda España va asistiendo a un envejecimiento de la población, va asistiendo a un aumento de las enfermedades crónicas y hay que transformar el modelo hacia lo que es la sociedad en cada momento. Evidentemente, cuando se crea el modelo había dos problemas importantes, que eran las patologías agudas y el acceso de la población al sistema. Ahora tenemos esto garantizado y yo no digo cambiar el modelo, digo transformarlo realmente a las necesidades de la sociedad”.

En este punto, recordó que para ello es necesario un pacto a nivel de Estado, pero también abogó, de nuevo, por uno de Comunidad. “Es fundamental el sacar el partidismo político de lo que es el debate sanitario”. “Cualquier persona, las sociedades científicas, asociaciones de pacientes, incluso organizaciones profesionales del ámbito sanitario, están clamando por algo que yo creo que es fundamental, que es tener un pacto por la sanidad.

“Ahora mismo el sistema sanitario está sometido a una serie de problemas, entre los cuales los dos más importantes son la financiación del sistema y la falta de profesionales, pero no podemos olvidar que hay otros temas que son de enorme trascendencia, como pueden ser la situación de los propios profesionales dentro del sistema, su regulación laboral, la situación de acceso a la nueva tecnología sanitaria, o el acceso a los fármacos de alta potencia, a los fármacos nuevos, la salud pública… Todos hacen que el sistema sanitario esté en una encrucijada importante”, insistió.

El consejero entiende que cada partido político tenga su política sanitaria, pero, advirtió, “el partidismo político, la utilización política, no tiene ningún sentido porque realmente el que sufre es el sistema sanitario”, añadió, para precisar al PSOE, sin el cual no puede haber pacto, que hay que “ir sin priorismos, hay que ir sin condiciones previas, hay que ir a hablar realmente e intentar llegar preferentemente a la mayor cantidad de acuerdos”, en alusión a la batería de condiciones que firmaron los socialistas para sentarse a negociar.

“Quedó muy clara cuál es la intención de la principal fuerza de la oposición sin la que es imposible llegar a un acuerdo de este tipo, la de seguir utilizando la sanidad como arma arrojadiza política”., sentenció y añadió que desde la Junta y desde la Consejería siguen con la misma voluntad: “Creo que no hay por qué no pactar en un tema como la sanidad, pero por desgracia no depende de la Consejería, ni siquiera del gobierno de Alfonso Fernández Mañueco”.

Financiación

De forma paralela, el consejero pidió el apoyo de los grupos parlamentarios para lograr también una financiación justa que asegure la prestación de los servicios públicos: una educación, unos servicios sociales y una sanidad de calidad, “algo que la Junta no puede lograr sola”.

“Creo que el CES ha sido muy claro en lo que dijo al principio de este año”, cuando hablaba de una infrafinanciación de 400 millones anuales en sanidad, educación y servicios sociales, que se traducen en 5.000 millones de euros en el transcurso de los últimos 12 años. 5.000 millones de euros en una comunidad como Castilla y León, que la Junta ha puesto encima de la mesa para atender estos servicios públicos básico pues es una cifra que no es baladí”, expuso.

“Padecemos un sistema de financiación autonómica en el caso de la sanidad que es absolutamente intolerable porque no recoge ninguna de las condiciones que tiene la población de Castilla y León. Eso es así, y yo sé que hay a gente que me molesta, pero hay que decirlo”, denunció. En este sentido, mantuvo que la sanidad es una prioridad presupuestaria de la Junta, con un pedazo de la tarta importante, porque hay que dar asistencia sanitaria a la población, pero eso afecta a las posibilidades de crecimiento de la Comunidad, que lo financia pero implica restarlo de otras partes.

Por ello, volvió a insistir en una negociación dentro del seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, “y no a espaldas utilizando la bilateralidad como se está haciendo y como se sospecha que va a ser”. “No queremos más que nadie pero tampoco queremos menos”, y exigió un sistema que permita cubrir el coste total de los servicios sanitarios donde pese la dispersión, el envejecimiento y la cronicidad, y es que, puso como ejemplo, ahora mismo, el sistema de financiación que “padecemos” pondera a la población menor de 18 años con un 30 por ciento de la cantidad final, mientras que la mayor de 65 tiene un peso del ocho por ciento. “No parece muy racional. Creo que debería ser al revés”

En cuanto a la dispersión geográfica, pondera el 0,6 por ciento de la cantidad de población ajustada, cuando no es lo mismo atender un territorio de 12.000 kilómetros cuadrados, que uno de 94.000, que cuesta mucho mas. “En el año 2017 hubo un comisionado de financiación, y estas cifras que yo les hago vienen de ahí, de ese informe”. A su juicio, se puede volver a estudiar, pero está claro que hay que variar el concepto de población ajustada, porque no cuesta lo mismo dar un servicio en Castilla y León, que en Madrid, Castilla- La Mancha o en Aragón. “En Castilla y León, si solamente se compara por el concepto de población, nunca vamos a ver beneficios”.