Num: 6223 | Jueves 21 de noviembre de 2019
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Satse denuncia que más de 400 camas de residencias públicas de mayores de Castilla y León llevan años cerradas

  Se ha dirigido a la Junta ante la tramitación de un nuevo Decreto para estos centros “que favorece el negocio privado en detrimento de la asistencia al no ser obligatorio que cuenten con profesionales sanitarios”


El sindicato de Enfermería Satse denunció hoy que más de 400 camas de residencias públicas de mayores de Castilla y León llevan años cerradas y exigió una investigación a la Junta, ya que, en su opinión, esta situación ha provocado la necesidad de derivación de las personas dependientes a residencias privadas.

Así, indicó que se trata de “un aspecto sumamente llamativo en esta Comunidad” que en el momento actual, con aproximadamente una dotación de 2.500 camas en residencias públicas, haya más de 400 que llevan años sin ser cubiertas. Así señaló que en la residencia de Palencia se disponía de una capacidad para 260 residentes y actualmente sólo dispone de 125 plazas, ya que dos plantas permanecen cerradas por obras desde el año 2010 y en el resto de plantas se han ido reduciendo el número de camas disponibles.

A su vez, Satse concretó que en el caso de las residencia mixta de Parquesol de Valladolid, de las 225 camas de las que dispone, 90 permanecen sin cubrir desde su creación hace aproximadamente 25 años, con la excusa de transformarlas en camas de asistidos; Ávila dispone de 102 camas sin ocupar; y hay otras 109 en la misma situación en la residencia de León.

“Mientras tanto, existen conciertos con las residencias privadas para poder cubrir las necesidades de dependencia de nuestros mayores, que tienen que esperar meses e incluso años para acceder a una plaza en una residencia pública”, criticaron desde el sindicato de Enfermería.

Críticas al nuevo Decreto

En este sentido, se ha dirigido a la Consejería de Transparencia de la Junta ante la tramitación del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de personas mayores de Castilla y León, “que favorece el negocio de la empresa privada en detrimento de la asistencia ya que elimina la obligatoriedad de que estos centros cuenten con profesionales sanitarios”, señaló.

En una carta al vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, Satse se lamenta de la decisión de la Consejería de Familia de continuar con la tramitación de dicho Decreto, donde le requiere una investigación de la motivación existente por parte de la Consejería de Familia su publicación. “Existe un beneficio económico para las empresas privadas en detrimento de la calidad de los cuidados prestados a nuestros mayores y del coste que supone para el Servicio público de Salud de Castilla y León”, explicó el sindicato.

En este sentido Satse recordó que Consejería de Familia continúa con la tramitación de la modificación de dicho Decreto tras adquirir firmeza judicial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba otro que publicó la Junta en el 2017 y ante ello, denunció que en el nuevo “se pretende volver a publicar sin modificaciones eliminando la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de Castilla y León”.

Menos personal en residencias

Así, sostuvo que a partir de 2024 solo tendrán enfermera (una a media jornada de lunes a viernes) las residencias con más de 100 residentes, cuando la anterior normativa establecía una enfermera a jornada completa por cada 15 usuarios o 20 enfermeras por cada 300).

Satse afirmó al respecto que la Consejería de Familia lo justifica con su intención de implantar el modelo “mi casa” sin tener en cuenta que la inmensa mayoría de los mayores residentes en estos centros son personas dependientes. “Así, Castilla y León es el territorio más envejecido de Europa y el que tiene más octogenarios y nonagenarios; el 25 por ciento de su población supera los 65 años y el 9,5 por ciento los 80 años”, dijo.

Por ello, recordó que esta población tiene total derecho a su autodeterminación, al desarrollo personal y a las relaciones sociales, “y no se puede negar que precisa cuidados, tanto generales como especializados dados sus niveles de dependencia, pluripatologías y polimedicación, que deben ser prestados por profesionales sanitarios”. “No se pueden equiparar los cuidados que se prestan a una persona mayor en el ámbito familiar con los conocimientos y habilidades que debe tener un personal que se dedica a la atención de un número indeterminado de residentes en los centros de personas mayores”, agregó.

Tampoco, según Satse, se ha evaluado desde Familia y junto a la Consejería de Sanidad el impacto económico del coste en recursos humanos para Sacyl que tendrá el nuevo modelo asistencial que introduce el Decreto, “ya que al eliminar o reducir al mínimo la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de ancianos, la asistencia y cuidados de estos deberá ser asumida en su totalidad desde el Servicio autonómico de Salud”.

Finalmente, consideró que el Decreto citado solo favorece el negocio de la empresa privada, en un momento en que, con un envejecimiento de la población tan acentuado “se ha abierto un nuevo nicho de negocio que está atrayendo a diversos fondos de inversión internacionales a adentrarse en el sector del negocio de la dependencia”.

 

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