El Sindicato de Enfermería, Satse, solicitó al Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, que ejerza una labor de mediación ante el Gobierno y las consejerías de Sanidad y de Educación de las comunidades autónomas, para proteger la salud de los menores en el próximo curso 2020-2021, a través de la implantación generalizada de la enfermera escolar, ya que supone una figura “imprescindible” para la prevención, vigilancia y control de la transmisión del coronavirus en los centros educativos. En la situación actual de pandemia, el sindicato considera que es el profesional “más idóneo” para realizar la detección precoz de casos y la gestión adecuada de los mismos con arreglo a los protocolos establecidos.
De cara a la reunión del jueves Consejo Interterritorial entre los responsables nacionales y autonómicos de Sanidad y Educación, el presidente de Satse, Manuel Cascos, se dirigió por carta al Defensor del Pueblo para trasladarle la necesidad de que, entre las decisiones que se adopten en este encuentro y en días posteriores, se priorice la protección de la salud de los menores, a través de la dotación necesaria de enfermeras y enfermeros escolares, los cuales deben tener una adscripción y dependencia directa y exclusiva del centro de Atención Primaria de referencia, pero con presencia continua en el centro escolar que corresponda y en plena coordinación y colaboración con el resto de la comunidad educativa.
El presidente de Satse subrayó en su carga al Defensor del Pueblo que el enfermero escolar libera al personal docente de las responsabilidades sanitarias que se le pretende asignar en los equipos COVID-19 que el Gobierno ha sugerido crear en cada centro escolar, sin que ello merme las otras responsabilidades no sanitarias que el personal del centro deberá asumir como miembro de estos equipos.