E.Jiménez/EBD
Este lunes se ha iniciado en el Juzgado de lo Penal número 6 de Ponferrada el juicio contra nueve empresarios de la pizarra y once empresas acusados de delitos contra la Seguridad Social. La acusación la justifican tanto el Ministerio Fiscal como la Seguridad Social porque consideran que este conglomerado de empresas fue creada de forma ficticia para defraudar a la Seguridad Social.
La investigación llevada a cabo por el grupo de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Judicial de Madrid determina que los nueve empresarios participaban como socios o administradores en el conglomerado de empresas compartiendo actividad o instalaciones (en el municipio de Carucedo), entre otras, además del trasvase de unos 60 trabajadores de una a otra, todo ello para supuestamente eludir el pago de cuotas a la Seguridad Social.
De este modo, la Fiscalía y la acusación particular piden para los nueve imputados 24 años de cárcel por seis delitos, multas de más de 4 millones para cada uno de ellos, indemnizaciones conjuntas y solidarias a la Seguridad Social por más de 2 millones de euros e inhabilitación especial para el ejercicio de actividades empresariales y mercantiles durante 4 años.
Al tratarse de un juicio con nueve acusados, cada uno de ellos está representado por un abogado defensor. En el caso de Hermenegildo Fernández, que representa al propietario de Pizarras Velasco, tiene claro que su defendido “no ha incurrido en ningún tipo de delito ni tan siquiera en ningún lícito administrativo porque presentaba todos los meses los boletines de cotizaciones a la Seguridad Social y además la deuda de la empresa que yo represento llegó a los 9.000 euros pero solicitaron un aplazamiento y un fraccionamiento y cuando se iniciaron las actuaciones policiales adeudaba 573 euros, por tanto, no existe ningún tipo de delito en esa actuación y entendemos que ninguna vinculación tiene con el resto y así quedará demostrado en el acto del juicio”.
Con respecto a esta empresa, Pizarras Velasco, el letrado encargado de la defensa, Aníbal Fernández, asegura que “no tiene nada que ver con estos hechos, en ningún momento formó grupo de empresas ni tuvo ningún tipo de relación ni comercial, ni societaria, ni administrativa con ninguna de las otras imputadas, no vamos a decir que pasaba por allí pero sí que la única implicación que tiene es que tiene una nave situada en las proximidades de varias de las otras empresas implicadas en este procedimiento, pero no tiene nada más que ver”. También cree que en el caso de su defendido su imputación ha sido por un “problema de errores en la investigación inicial” porque “se metió todo en el mismo paquete por el simple hecho de que tenía las instalaciones ubicadas y realizaban la actividad de las mismas otras empresas que estaban implicadas allí pero en concreto, la empresa que nosotros defendemos, Pizarras Velasco no tenía absolutamente ninguna deuda con la Seguridad Social y es una sociedad que había sido creada en el año 1999 y a día de hoy no tiene ninguna deuda con la Seguridad Social, es que no tiene nada que ver”.
En cuanto a una supuesta transferencia de trabajadores, el informe de la Seguridad Social habla de un número que pasa de los 60.
El propio acusado, Andrés Velasco, negaba todos los hechos y aseguraba no estar preocupado porque “yo estoy al día de los pagos y al estar en el mismo polígono nos metieron a todos en el saco pero yo no compartía instalaciones”.
El juicio está previsto que dure hasta el miércoles.
Los acusados son Eloy Velasco García, Andrés Velasco García, José Miguel González, José Digón, Eloy Velasco Gómez, María Luz Vidal, Roberto Vidal, Tomás Ferreras y Secundino López. Por otro lado, las empresas que cometieron el presunto fraude son Pizarras Velasco 2000, Pizarras Vive, Vega Blues, Exprogasa, Pizarras Vidal Fernández, Comercial Berciana de Pizarras, Pizarras La Unión, Pizarras Peñarrubia y Tratamientos de la Pizarra.
