Entre lágrimas, la mujer y la hija del constructor también han aceptado lo establecido en la sentencia de conformidad. La primera, T.V.L., cumplirá cuatro años y medio: tres años de cárcel por apropiación indebida continuada, seis meses de cárcel por estafa y un año por insolvencia punible. Para la hija, P. P. V, la condena es de un un año de cárcel por insolvencia punible. Además, Tino Rodríguez y su esposa deberán devolver el dinero entregado por los compradores de los pisos.
Alivio de las familias afectadas
El abogado Marco Antonio Morala, que representa a varios de los estafados, apuntó a que estas personas perdieron entre 3.000 y 60.000 euros, dependiendo del caso, en el dinero adelantado al constructor para adquirir su vivienda. Así, destacó el “alivio” que sienten las 21 familias afectadas después de “un procedimiento que se ha alargado desde el 2008 con un gran sufrimiento personal porque tenían confianza en ese constructor de gran prestigio en la ciudad, al que fueron entregando cantidades muy importantes para la compra de la vivienda”, apuntó.
“Es un alivio porque es el final de un procedimiento largo y duro”, añadió Morala, que reconoce que a corto plazo será difícil recuperar los 456.000 euros adelantados por las familias, pero que “a medio y largo plazo se intentará recuperar la máxima cantidad posible, ya hay una condena y van a ir recuperándolo”.
De esta forma se cierra un proceso que arrancó hace siete años cuando huyó con el dinero adelantado por varias familias para la compra de viviendas promovidas por la constructora Ponsferrata en el barrio de Flores del Sil, en Ponferrada. Tras pasar dos años y medio huido de la justicia, con una orden de busca y captura internacional, fue detectado en el verano de 2011 en las centrales de entrada de la T1 del aeropuerto de Barajas, con un billete de procedencia de República Dominicana y otro con fecha de salida para el día siguiente, con destino a las Islas Canarias.
Una vez detenido, el juez decretó su ingreso en prisión provisional en Mansilla de las Mulas (León), donde permaneció hasta julio de 2013, cuando salió en libertad con cargo tras cumplirse el plazo máximo de dos años en los que podía estar en prisión preventiva, mientras se alargaba la instrucción del caso.
