El secretario de Acción Sindical de la Federación de Industria de USO, José Vía, comunicó este jueves en León la reciente presentación ante de la Audiencia Nacional de una demanda que reclama que los alrededor de 1.500 trabajadores que suman las subcontratas mineras de Castilla y León, Asturias, Aragón y Castilla-La Mancha tengan reconocidos los mismos derechos y ayudas sociales que el resto de los afectados por el Plan del Carbón 2013-2018 y el Plan de Cierre de explotaciones planteado ante Europa. Del total, alrededor de 1.200 pertenecen a las provincias leonesa y palentina.
USO considera una cuestión de “justicia social” reclamar esa igualdad y plantea la demanda contra el Ministerio de Industria, la patronal Carbunión y los sindicatos CCOO y UGT y llegará, si es necesario, a los tribunales europeos para defender ese trato no discriminatorio para trabajadores “que entran a la mina y trabajan en las mismas condiciones”.
Además, si su reclamación llega a Europa, plantearán su petición conjuntamente con las organizaciones sociales del sector rumanas y polacas. A juicio de Vía, la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que iguala los derechos de los trabajadores temporales a los de los fijos “encaja perfectamente” con el planteamiento de USO, por lo que considera que si la Audiencia Nacional tiene dudas al respecto, cuando la envíe a Europa para su interpretación el dictamen será favorable.
La demanda presentada por USO pide que se reconozca el derecho de esos trabajadores a acogerse a las ayudas sociales y que las empresas para las que trabajan tengan la obligación de tramitarlas ante el Ministerio de Industria.
Vía solicitó hoy en rueda de prensa al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que aborde esta reivindicación en la próxima reunión que mantendrá con el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, que asumió las responsabilidades del Ministerio de Industria, Energía y Turismo tras la salida de José Manuel Soria.
El sindicato anima, por otra parte, a las administraciones públicas a llevar a los tribunales al Ministerio de Industria por el incumplimiento del Plan del Carbón 2013-2018 y se ofrece para apoyar una acción que, aseguran, no emprenden en solitario por falta de recursos.