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Vecinos de Castropodame rechazan la instalación de una planta de biogás

Consideran que la planta podría generar serias afecciones al medio ambiente y a la salud pública
Castropodame.
Castropodame. / geobierzo

La posible instalación de una macroplanta de biogás en el municipio de Castropodame ha generado un fuerte rechazo vecinal. La empresa promotora, Biogás Castropodame S.L., presentó el pasado 9 de septiembre su solicitud de Autorización Ambiental Integrada (AAI), lo que desató preocupación entre los habitantes de la zona, que aseguran no haber sido informados previamente del proyecto.

Los vecinos de las distintas pedanías del municipio, así como de localidades cercanas, han mostrado su oposición al proyecto al considerar que la planta podría generar serias afecciones al medio ambiente y a la salud pública. Según señalan, la instalación de la planta podría provocar malos olores, proliferación de insectos y roedores, además de un incremento del tráfico de camiones, que transportarán anualmente 200.000 toneladas de residuos orgánicos. Además, mencionan que el ruido generado por la planta, operativa las 24 horas del día, afectaría directamente a la calidad de vida de los residentes.

Entre las localidades afectadas, que se encuentran a una distancia de entre 1 y 4,5 kilómetros de la planta proyectada, destacan Villaverde de los Cestos, Almázcara, Castropodame, Calamocos, Matachana, y San Miguel de las Dueñas. Los vecinos temen que las emisiones y olores lleguen a estas áreas, influyendo negativamente en la calidad del aire y en la salud de la población.

Ante esta situación, los residentes se han organizado y se han sumado a la Plataforma Nacional STOP BIOGAS, que recientemente se manifestó en Madrid para exigir una regulación más estricta en este tipo de proyectos. Asimismo, han iniciado una recogida de firmas para presentar alegaciones formales en contra de la planta.

El proyecto contempla la creación de cinco puestos de trabajo directos, una cifra que los vecinos consideran insuficiente para compensar el impacto ambiental y social que la planta supondría para la región. Los afectados denuncian lo que consideran una “injusticia ambiental y social” y aseguran que continuarán movilizándose para impedir la instalación de la planta.