Facebook
Instagram
YouTube
WhatsApp
Los 16 acusados de seis homicidios imprudentes y ocho delitos de lesiones imprudentes en el juicio por la muerte de seis mineros ocurrida el 28 de octubre de 2013 en el Pozo Emilio de la Hullera Vasco Leonesa rechazaron este jueves hacer uso del derecho a pronunciar las últimas palabras y la jueza del caso lo dejó visto para sentencia.
Antes se completó la presentación de las conclusiones definitivas, que inició la abogada defensora de los dos vigilantes de seguridad acusados. “No sabemos qué acciones u omisiones se les atribuye”, dijo antes de señalar que solamente las había concretado el Ministerio Público, que en sus conclusiones decidió retirar la acusación, por lo que las considera desaparecidas.
Añadió que “ni un solo testigo les ha imputado nada a los vigilantes de seguridad. Tampoco se ha hablado de ningún comportamiento digno de desaprobación, salvo un perito aportado por las acusaciones” de cuyo informe cuestionó su objetividad, al tiempo que señaló que los letrados de las acusaciones “andaban como pollo sin cabeza” en ocasiones. Además, se refirió a la comparecencia de los técnicos de Minas de la Junta, de las que destacó “falta de recato” entre otras circunstancias que, dijo, “no le pasarán desapercibidas a su señoría”.
“Ni son todos los que están ni están todos los que son. Se ha traído al procedimiento de forma caprichosa”, aseguró antes de considerar que no se ha atendido de forma coherente a las competencia de unos y otros. “Voy a bajar directamente al cotilleo”, avanzó para señalar que considera “increíble” que algunos de los testigos que relataron que las condiciones de seguridad del trabajo no eran las adecuadas en ese caso no se lo transmitieran a familiares que podían hacer algo al respecto por sus cargos.
El letrado que representa al delegado minero inmerso en la causa recalcó que ese cargo no es parte de la estructura de seguridad de la empresa. “No es una figura de la empresa ni actúa por su delegación. Es un representante de los trabajadores, de consulta, colaboración y participación con la empresa, pero no tiene competencias de seguridad”, remarcó y pidió su libre absolución.
“¿Cómo se puede decir que había un ambiente de miedo? Nadie comunicó nada”, subrayó después de mencionar el carácter reivindicativo del sector minero. Sobre el informe presentado por la autoridad minera quiso dejar patente que “no quiso averiguar las causas del accidente, por las razones que sea”, que les costó la vida a los fallecidos por una invasión de grisú. “Nos vamos a ir de la misma manera que entramos en este juicio”, añadió.
También dijo acudir a las sesiones “con una inseguridad total por no saber qué conejo de la chistera se iban a sacar las acusaciones cada día”. “Tengo miedo, aunque tengo la esperanza de que aquí se va a hacer justicia, tengo miedo, porque a mi defendido se les piden condenas de prisión por homicidio y lesiones. La consigna que se ha trasladado de puertas afuera a esta sala era mantener a este señor, a todo coste, en esta causa penal, hacerle pasar por este trance”, esgrimió antes de denunciar lo que considera “evidente mala fe” de las acusaciones hacia su representado, por lo que reclamó la expresa condena en costas. “No puede salir gratis que te sienten en un procedimiento con el que no tienes nada que ver”, concluyó.
Los letrados de las defensas quisieron dejar constancia de que sus mandantes han sufrido durante los años en los que se ha prorrogado el caso “escarnio, insultos, vejaciones”. Tras la presentación de las conclusiones definitivas de las partes, las últimas palabras de los acusados pondrán fin a un juicio que se ha desarrollado durante dos meses, tras casi diez años desde que ocurrieron los hechos, con un retraso del que todos se consideran perjudicados.
El último letrado defensor en comparecer reclamó una sentencia absolutoria y llamó la atención sobre las discrepancias acerca de la causa del accidente y si se produjo por un fenómeno gaseodinámico (Desprendimiento Instantáneo, DI) imprevisible o por el colapso de la bóveda.
“No ha habido una prueba de cargo suficiente para vulnerar el principio de la presunción de inocencia. Si aquí hay algo cierto es que no hay certeza para condenar”, señaló antes se apuntar que lo ocurrido debería dilucidarse en el ámbito civil “del que nunca debería haber salido”.
La representante de la aseguradora Mapfre, que alcanzó un acuerdo indemnizatorio con los afectados -del que existen dos discrepancias que no considera justificadas y para cuyos promotores reclama una condena en costas- destacó en su intervención la existencia de “importantes discrepancias en los informes periciales y a día de hoy no están claras las causas, circunstancias y responsabilidades del accidente”.
El representante de otra aseguradora, Amic Seguros Generales, argumentó la falta de cobertura de la misma sobre el siniestro para el ingeniero al que se le atribuye y reclamó también la imposición de las costas para los demandantes.
En términos similares de falta de cobertura y de reclamación del pago de las costas se manifestó el letrado aportado por la aseguradora HDI Hannover Internacional España, quien aseguró que esperaba la retirada de la reclamación y argumentó que la póliza suscrita por la Hullera Vasco Leonesa con ellos excluye “cualquier reclamación derivada de un accidente de trabajo”.
Por otro lado, expuso que en este caso “no puede haber acuerdos parciales” y que la renuncia de las acusaciones en base al acuerdo alcanzado con una compañía tiene que beneficiar a todas las entidades demandadas “y no crear una situación de indefensión” al resto.
Los familiares y amigos de los fallecidos reclamaron una vez más “justicia” para las víctimas. Que los responsables, dijo la madre de uno de los muertos “no puedan cerrar los ojos en su vida, porque lo que estamos sufriendo -y dicen que ellos sufren lo indecible-… lo que sufrimos solamente lo sabemos nosotros”. También reconoció cansancio y “esperanza” antes de concluir: “La pena nuestra va a estar mientras vivamos”.