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Opinión


15 de mayo de 2019

¿Y ahora qué? Análisis postelectoral


Las pasadas elecciones generales del domingo 28 de abril mostraron una imagen clara de la fragmentación política nacional. De las mismas han surgido unas Cortes con una variedad de partidos políticos representados tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado nunca visto en la moderna democracia. Ello implica que la opción más votada, el PSOE, tiene por requisito para formar gobierno pactar con varios grupos o lograr acuerdos de investidura. En todo caso, se antoja una legislatura compleja y poco estable, lo cual resulta preocupante debido a la magnitud de los retos que se deben afrontar. Dentro de esos retos está sin duda la cuestión territorial, máxime cuando es más que probable que dentro de los apoyos que los socialistas requieren para llegar a Moncloa se encuentren partidos abiertamente favorables a la ruptura constitucional y la secesión. Pero si bien el encaje de Cataluña puede considerarse el reto más importante de la legislatura, la coyuntura económica no le queda a la zaga, toda vez que desde la UE y el FMI se viene avisando en los últimos tiempos que en el horizonte amenazan nubes de tormenta en forma de recesión.

Pedro Sánchez tiene un claro programa de izquierdas cuya meta fundamental es el reparto del crecimiento económico entre unas clases medias y trabajadoras duramente castigadas por la crisis económica de 2008-2011 y que aún no han visto recuperado su poder adquisitivo previo a la misma a pesar de que a nivel macro hace tiempo que ha sido superada, así como la reducción de la elevadísima tasa de desempleo entre la población menor de treinta años o la brecha salarial entre hombres y mujeres, el sostenimiento del sistema de pensiones y la mejora del poder adquisitivo de estas, entre otros temas de no menor calado. Y dicho objetivo encuentra su principal obstáculo en la consolidación fiscal exigida por Bruselas, que aún drena ingentes cantidades de recursos en la reducción de un déficit que se resiste a desaparecer y una deuda pública que ronda el cien por cien del P.I.B.

La ministra Nadia Calviño ha dejado entrever cuál va a ser la estrategia del ejecutivo socialista para casar reducción de deuda-déficit e incrementar gasto social. Y ello pasa por un mayor nivel de ingresos públicos que el gobierno en funciones estima que se producirá en parte por la mayor recaudación derivada del incremento de la actividad económica unida a una subida fiscal en las rentas más altas. Están convencidos de que hay margen puesto que en España la presión fiscal está varios puntos porcentuales por debajo de la media de la eurozona, concretamente en un 38% frente al 44% del P.I.B. de nuestros socios.

¿Es correcto el razonamiento del que parece con toda probabilidad que será el futuro gobierno de la nación? Es innegable que a corto y medio plazo será imprescindible un incremento de los ingresos públicos si queremos mantener e incluso mejorar el actual estado del bienestar. Ello se debe a que la senda de consolidación fiscal y de reducción de la deuda pública marcada la Unión Europea es un deber insoslayable para mantener la calidad crediticia de la deuda soberana del Reino de España y no cerrar la puerta a posibles necesidades de financiación. Cada subida de un punto porcentual de la prima de riesgo equivale a dejar de tener disponibles millones de euros que podrían ser utilizados en los fines sociales del gobierno. La reducción del déficit y la deuda siguen siendo, por tanto, temas capitales.

Teniendo esta constante centrada, a corto plazo no parece que se vaya a producir una desaceleración brusca de la economía española, al menos en los próximos doce meses. De enero de 2.018 a enero de 2.019 el crecimiento neto de empresas en España fue de 14.698 y 24.326 autónomos no societarios (persona física), de forma que el número total de unidades productivas y creadoras de empleo a cierre de ese mismo mes asciende a 2.886.759, empleando el sector privado un total de 15.762.686 personas, lo que supuso un crecimiento del empleo en términos interanuales de 541.748 personas en ese periodo. Esto es sin duda una buena noticia, porque a mayor número de empresas, mayor recaudación en el impuesto de sociedades (que supone casi un 20% del total de ingresos públicos por impuestos directos) siempre que dichas empresas muestren beneficios, y mayor número de cotizaciones a la seguridad social, así como de contribuyentes a través del I.R.P.F. (que aporta casi el 60% del total de ingresos públicos por impuestos directos). De igual forma, el sector privado antes descrito, sostiene a 3.597.814 empleados públicos y funcionarios, situando el total de cotizantes a la seguridad social en 19.360.000 a cierre de enero de 2.019, que contribuyen con dichas cotizaciones a la seguridad social a pagar las prestaciones de más de 9.720.000 jubilaciones, viudedad, orfandad, incapacidad, etc.

Este es, a primera vista, un panorama halagüeño. Pero es cuando entramos en el detalle de la estructura económica española cuando empiezan a aparecer los motivos de preocupación.

En el periodo interanual antes descrito el número de perceptores de pensión de la seguridad social en todos los conceptos ascendió a más 820.000 personas en un año, pasando de 8.900.000 en enero de 2.018 a 9.720.000 en enero de 2.019. La mayor subida de los últimos cinco años, en los que todos los años de la serie el crecimiento del número de perceptores fue mayor que en el año anterior. Y debemos contar con esta tendencia de incremento del gasto público habida cuenta de la evolución de la pirámide prevista de población en España hasta el 2.050, y que a partir de 2.020 empiezan a acceder a la jubilación las generaciones del “baby boom” ocurrido en los años 60 y 70 del siglo pasado.  Estando agotado el fondo de reserva de las pensiones, manifestando el gobierno su intención de revalorizarlas más que la media de los años anteriores, y teniendo en cuenta que para el pago de las extraordinarias de los últimos meses la Seguridad Social hubo que recurrir al crédito, es evidente que se necesitan nuevas fuentes de ingresos si se quiere no solo aumentar las prestaciones del sistema, sino mantener las mismas. No queda más remedio, por tanto, que seguir aumentado la edad de jubilación y el periodo utilizado para el cómputo de la pensión, sino que debe conseguirse si o si aumentar el número de cotizantes vía creación de empleo, ergo, favoreciendo la creación de empresas.

La creación de empresas que contraten gente, porque el incremento del número de empleados públicos, aunque en un primer momento aumentan las cotizaciones y tiran de la demanda del sector privado, no dejan de estar financiados con los impuestos que recaen sobre el sector productivo privado, por lo que un cálculo erróneo de la elasticidad entre incremento de tributos en el mismo y la propensión al consumo de estos nuevos empleados públicos puede arrojar el desafortunado desenlace de que por cada euro que se ingresa en las arcas públicas para financiar estos empleos vuelve a la economía real en forma de aumento de la demanda menos de un euro. Por lo tanto, la creación de empresas que creen empleo es de vital importancia. Para ello se necesita inversión, sobre todo capital extranjero. Y la inversión casa mal con los sistemas impositivos elevados. Esperemos también que la ministra Calviño y su equipo hayan valorado correctamente también esta variable, teniendo claro que por cada euro que se detrae del sector productivo en forma de impuestos, no entra en forma de inversión menos de un euro.

¿Es la estructura empresarial privada antes descrita capaz de soportar los aumentos fiscales propuestos por el nuevo gobierno? Y sobre todo ¿es capaz de hacerlo en un escenario de recesión como el que anticipan a medio y largo plazo FMI y UE? Lamentablemente, un estudio en profundidad no permite ser optimista. En España hay pocas empresas y de ellas hay muy pocas de gran tamaño si lo comparamos proporcionalmente con los países de nuestro entorno. Entendiendo como empresa de gran tamaño aquella que emplea a más de 250 trabajadores, vemos que del total de los escasos tres millones de unidades productivas del tejido empresarial español, solo 4.700 cumplen este requisito. Autónomos sin empleados son 1.559.798, microempresas de entre 1 y 9 son 1.143.015, pequeñas de entre 10 y 49 apenas 155.000 y sólo 24.500 las que emplean entre 50 y 249. Quizá esto explique por qué en la media de recaudación fiscal en los países de nuestro entorno esté en 44% del P.I.B. frente al 38% de España, pues es obvio que a mayor número de empresas grandes, más frecuente es obtener beneficios y  salarios más elevados que contribuyan en mayor proporción a las arcas públicas. Este argumento del margen de recaudación propuesto por el gobierno tampoco se sostiene.

El maltrecho sistema de bienestar se sostiene sobre una endeble estructura económica que aguanta como puede gracias a la bonanza económica que se agota a la par que el sector exterior español frena su aportación. Escasas tres millones de empresas sustentan por activa o por pasiva las rentas de veintinueve millones de personas. Esto es, 10 personas por unidad productiva de media. Pero esta media es ficticia. Si hemos de dicho que de esos escasos tres millones de empresas más de dos millones y medio largos tienen menos de 10 empleados, ¿es realista pensar que unidades productivas que constan de un autónomo o que emplean a dos o tres personas, familiares en su mayoría, pueden de media responder por 10 entre cotizaciones para prestaciones de la Seguridad Social y tributos varios? Es evidente que no. Estas unidades aportan en la media de sus posibilidades muy por debajo de la media, y son las grandes las que proporcionalmente contribuyen mucho más de la media que correspondería. Es en estas dónde el nuevo gobierno quiere aumentar la presión.

El saldo neto real de compañías capaces de sustentar todo el entramado es de menos de 200.000. Y la media se dispara entonces a casi 160 personas por cada una de estas unidades. ¿Hay capacidad real para ello? Las compañías grandes, las 4.700 a cierre de enero de 2.019 que emplean a más de cinco millones trescientos mil cotizantes a la Seguridad Social son las únicas que realmente tendrían capacidad de soportar un incremento significativo de presión fiscal. Ahora bien, ¿sus accionistas estarán conformes, o preferirán otra inversión más rentable? Y además,  ¿Se imaginan un entorno de recesión económica que no permita a las unidades más rentables aligerar su estructura de personal mediante despidos o contratos no indefinidos,  si como parece el gobierno va a derogar gran parte de última la reforma laboral?

Efectivamente, es necesaria una mayor recaudación fiscal para sostener y mejorar nuestro estado del bienestar. Pero ante un entorno en el que un año vista parece que va a haber una ralentización de la economía, y el déficit y deuda no van a mejorar sustancialmente, no parece razonable que dicho incremento en la recaudación venga de la mano de penalizar a las unidades productivas que más empleo crean y más cotizantes y tributos sustentan. Debería fomentarse la creación de más empresas grandes, más competitivas y rentables, que creen puestos de trabajos estables y bien remunerados, con capacidad de competir en entornos ajenos a nuestro mercado, donde el poder adquisitivo es el que es.

Basar la política del gobierno en la subida de impuestos a esa escasa estructura es como matar a la vaca que da la leche para comerse su carne. Pan para hoy y mucha hambre para mañana.

 

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