Acusan a la Asociación Pro Cuentas Claras de obtener “con engaños” las firmas de la demanda contra la gestión del Mundial de Ciclismo

El anterior equipo directivo de la Fundación del Deporte de Ponferrada denunció este miércoles la “persecución política” del Mundial de Ciclismo y acusó a la Asociación Pro Cuentas Claras de recurrir al “engaño” para reunir, al menos, 40 de las 119 firmas que avalaron la presentación de la demanda colectiva ante la Fiscalía por presuntos delitos en la organización del evento deportivo.

“Se ha llevado a cabo una persecución con intención meramente política hacia todo lo que representan esos campeonatos y ese aprovechamiento político se ha enmarcada en lo que se ha dado a llamar judicialización del Mundial y que se ha utilizado como excusa para los ataques políticos”, señaló el exvicepresidente de la Fundación del Deporte, Marcos Díez, independientemente de que después “las cuentas y la cifras” hayan pasado por un “rigurosísimo” informe de Intervención del Ayuntamiento de Ponferrada, una auditoria externa, la fiscalización de la Junta y Hacienda y el Consejo Superior de Deportes (CSD) haya negado que hubiese abierta ninguna investigación sobre esas cuentas.

En su opinión, esa judicialización “es el argumento de algunos para seguir estirando la goma” cuando sólo se han abierto diligencias previas en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2. En este sentido, señaló que la anterior directiva respeta los tiempos judiciales y el proceso abierto y, puntualizó, “con esa denuncia ocurrirá lo que tenga que ocurrir. Así, insistió en que la denuncia interpuesta por Pro Cuentas Claras tenía solo un fin político, “impedir que una opción de progreso (USE Bierzo) tuviera opciones de ganar las elecciones municipales”.

“Sus impulsores representan a un sector reaccionario y muy minoritario, con el objetivo también de alcanzar algún puesto, a poder ser de salida, en alguna lista electoral”, añadió Díez, que recalcó que los “oscuros intereses” de esas personas “necesitaban maquillaje” y, para ello, argumentaron que era una denuncia ciudadana, con el respaldo de las firmas de 119 personas. Unas firmas que, advierte, fueron conseguidas con “engaños” en buena medida y que ya hay al menos 40 personas que han remitido escrito al juzgado desvinculándose de su apoyo a la demanda.

Díez explicó que en esos escritos, esas personas reconocen que firmaron ese documento colectivo que “en su momento les presentó Juan Vicente Álvarez Romero como una protesta colectiva para arreglar asuntos del mercadillo para que no les subieran las tasas” y que, sabiendo ahora que esa firma puede haber sido utilizada para otro fin y obrar en un proceso penal contra el Mundial, solicita “que esa firma sea retirada del mismo pues lo firmo con engaño”. “Se ha engañado a unas personas para engañar a todas”, apostilló Diez, que entiende que Álvarez abusó de la confianza que tenían en él estas personas, la mayoría comerciantes.

“Están enterrando el Mundial”

Por otro lado, el también ex miembro de la Fundación del Deporte y ex concejal de Hacienda, Emilio Cubelos, manifestó sentirse defraudado por la actitud del nuevo equipo de gobierno y su alcaldesa, Gloria Fernández Merayo, por estar “enterrando” el Mundial en lugar de aprovecharlo para seguir generando empleo y riqueza a través del turismo.

Así, lamentó la utilización que se ha realizado del Mundial y recordó las declaraciones realizadas por el actual presidente de la Fundación del Deporte, Roberto Mendo, en las que llegó a hablar de presuntos delitos de defraudación en la organización del evento. “Dos meses después, Mendo firma el informe previo de la auditoría independientemente”, cuenta Cuebelos, que recoge que “no tenemos conocimiento de la existencia o sospecha de fraude ni indicios de fraude en lo que hubieran estado implicados miembros de la dirección o empleados de la entidad”.

Ese mismo documento aclara también que todas las transacciones están adecuadamente contabilizadas, la entidad no tenía ni tiene operaciones con entidades financieras que supongan una restricción de disposición saldos, que se ha realizado la provisión adecuada o que las cuentas anuales registran toda la información requerida por la legislación. Sólo presenta una duda sobre una transferencia bancaria de 100.000 euros de la que no disponían de contrato, que posteriormente fue certificado por la empresa FCC para aclarar que se trata de una donación y subsanar el error.

A este respecto, Emilio Cubelos puntualizó que la auditoria reconoce también la existencia de una cláusula que, en el caso de que se registrarán pérdidas en la gestión, el Ayuntamiento de Ponferrada se hace cargo. “Podemos asumir que ha habido una mala gestión, pero eso no tiene nada que ver con que en el presupuesto del 2015 hayamos dejado dispuestos tres millones de euros para hacer frente al pago de proveedores”, añadió.

Unos proveedores que no han cobrado, ante la negativa del actual equipo de gobierno de transferir esos tres millones a la Fundación del Deporte, y que han recurrido a los juzgados para cobrar. “Ese pleito lo va a perder el Ayuntamiento y va a tener como consecuencia gastos judiciales e intereses de demora que convertirán esos tres millones en cuatro”, valoró Cubelos, que lamentó que se esté “oscureciendo” el evento más importante que se ha celebrado en Ponferrada.