El Gobierno se muestra abierto al “diálogo” para corregir las dudas de “constitucionalidad” de la ley de Concordia

El Gobierno de España está dispuesto a entablar un “diálogo” con Castilla y León y la Comunidad Valenciana para abordar las preocupaciones constitucionales planteadas por la proposición de ley de Concordia presentada por el Partido Popular y Vox en las Cortes. El objetivo es garantizar que se respeten los principios internacionales de derechos humanos. De no corregirse el texto actual, el Gobierno planea recurrir al Tribunal Constitucional una vez que la ley sea aprobada.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, anunció en una rueda de prensa después del Consejo de Ministros que se iniciará un proceso de diálogo según lo previsto en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. Esto busca ajustar la ley que revoca la normativa anterior sobre la memoria democrática.

El Gobierno ha tomado nota de las propuestas legislativas en Aragón, la Comunidad Valenciana y Castilla y León con respecto a los estándares internacionales en derechos humanos sobre la memoria histórica, tras recibir comunicaciones de los relatores de la ONU. Estas iniciativas han generado preocupación, ya que podrían suprimir elementos importantes de la memoria histórica y no hacen referencia explícita a las violaciones de derechos humanos durante el régimen franquista.

El informe de la ONU destaca la importancia de preservar la memoria histórica como una medida para evitar la repetición de violaciones de derechos humanos. El Gobierno se compromete a responder a la información solicitada por los relatores de la ONU y el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre este tema.

En última instancia, el Gobierno subraya que la Ley de Memoria Democrática busca preservar la memoria de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista, garantizando el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, con el objetivo de prevenir la repetición de la violencia política o el totalitarismo.