Igea pide la dimisión del consejero de Sanidad si admite que ha cambiado el protocolo para embarazadas a petición de Vox sin consultas

El procurador de Cs asegura que lo “único” oficial es una nota de prensa al no existir una orden
Francisco Igea
Francisco Igea. / M. Chacón

El procurador de Ciudadanos (Cs) en las Cortes de Castilla y León, Francisco Igea, pidió la dimisión del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, si admite que ha cambiado el protocolo para embarazadas a petición de Vox sin haber consultado antes con las sociedades científicas ni el Colegio de Médicos. “Han pasado cuatro días y el consejero no ha abierto la boca para que nos explique este absoluto despropósito después de que el vicepresidente de la Junta haya dicho que es una orden de Sanidad”, aseveró.

Igea apuntó en los pasillos del Parlamento autonómico que lo “único” que hay oficial a estas horas es una nota de prensa en la que se dice, “claramente”, que es obligatorio para los médicos ofrecer a las embarazadas la información de las medidas sanitarias ‘provida’ puestas en marcha por la Junta. “Lo que se anuncia hoy se sigue sin saber lo qué es pero si existiera tal orden el consejero de Sanidad debería de dimitir de manera inmediata o ser cesado por que no se pueden alterar los protocolos asistenciales a voluntad de un partido político, que lo pretende no es mejorar la atención sanitaria sino provocar una polémica”, significó.

De no existir una explicación por parte de los responsables del PP en la Junta, instó a que el presidente del nacional, Alberto Núñez Feijóo, o el portavoz de campaña, Borjar Sémper, deberán informar del “criterio político” de aceptar la “provocación” permanente en que el señor García-Gallardo ha colocado la política de la Comunidad.

El exvicepresidente de la Junta y médico de profesión advirtió que las medidas antiabortistas de Vox pueden colocar a los sanitarios delante de los tribunales. “No se nos puede obligar a los profesionales hacer semejantes cosas sin evidencia ni indicación clínica”, precisó. No en vano, significó que la modificación del Código Penal prohíbe, “taxativamente”, acosar, chantajear o menoscabar el derecho de las mujeres. Fue más allá y declaró que si un consejero obliga, sugiere o pone por escrito “semejante cosa” también puede ser imputado. Por lo tanto, compartió el requerimiento del Gobierno de España para que se abstenga de aplicar medidas que vulneren la actual normativa con respecto a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por que tiene la obligación de “cumplir y hacer cumplir” las leyes.

Además, señaló que el presidente de la Sociedad Castellano y Leonesa de Ginecología ha dicho que la ecografía doppler para las embarazadas no está en los protocolos actuales y ni siquiera está aceptado por las sociedades científicas. Incluso, precisó, que se desconoce que si pudiera tener algún efecto nocivo para el desarrollo del embarazo, de hacerse de manera sistemática. También mostró su sorpresa con el silencio del presidente del Colegio de Médicos de Castilla y León, José Luis Díaz Villarig, que también lleva cuatro días en un silencio “pasmoso”. En este sentido, señaló que tendrá que decir a los profesionales si les va respaldar o no.